¿Cómo puede ser que las islas de los récords turísticos figuren como la tercera comunidad con más población en situación de exclusión social? Porque se da una combinación fatal: el elevado precio del acceso a la vivienda y la precariedad de un mercado laboral marcado por la temporalidad.

Según Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación Foessa, Balears se ha recuperado de la crisis si atendemos solo a las cifras de creación de empleo, a la dimensión económica, pero la exclusión social incluye más dimensiones y hay varias en las que la situación del archipiélago ha ido a peor, como la precariedad laboral, "ya asumida como algo natural", y el elevado precio de la vivienda.

Y es que, tras pagar el alquiler o la hipoteca y los diferentes suministros, un 15% de los habitantes del archipiélago entran en la categoría de "pobreza severa".

La desproporción entre lo que cobran los trabajadores y lo que deben pagar para tener un techo digno sobre sus cabezas es "de las más altas del país".

Así, en las islas de los récords turísticos, unas 85.000 personas viven con el riesgo constante de quedarse sin hogar y 120.000 personas residen en viviendas inadecuadas, no habilitadas o insalubres.

Temporalidad

En el caso del trabajo, el turismo se traduce en una elevadísima temporalidad de los contratos, un "factor clave de la situación social" que genera "trabajadores pobres y excluidos".

La tasa de trabajadores en pobreza severa ha crecido entre 2013 y 2019 del 8,6 al 19,6%. Y aunque se haya creado mucho empleo, el paro de larga duración en Balears es del 24%, lo que triplica la cifra de 2007.

Escenario postcrisis

Flores explicó la situación actual del escenario postcrisis comparando puestos de trabajo con edificios: "Durante la crisis se destruyeron muchos trabajos, muchos edificios y después, se han reconstruido algunos edificios y los que están en los edificios están bien, pero durante la crisis sobre todo se pusieron muchas tiendas de campaña, empleo precario", ilustró.

"¿Es mejor un mal empleo que ningún empleo?", planteó, "sí, pero eso no puede durar para siempre: no se puede vivir siempre en una tienda de campaña". Y si encima viene temporal económico, como parece que se avecina según los indicadores, las tiendas de campaña está claro que no resistirán el empaque.

"Hace falta un marco normativo distinto y diferentes mecanismos de protección", reclamó el sociólogo, que recordó que desde la política se pueden aportar soluciones y medidas que garanticen el derecho "básico y fundamental" a tener una vivienda y un empleo digno.

En este sentido, subrayó que el trabajo digno no solo permite una intergración a nivel económico sino también a nivel social.