La familia de exiliados cubanos en Estados Unidos y España Sánchez Hill insiste en su reclamación, de diez millones de euros, contra Meliá Hotels, a la que acusa de lucrarse ilícitamente con dos establecimientos en Cuba situados en una hacienda que fue expropiada por el régimen castrista. Los Sánchez Hill han apelado ante la Audiencia el auto de la jueza Victoria Crespí que inadmitió su demanda por falta de jurisdicción.
La jueza de primera instancia 24 de Palma, Victoria Crespí, dio carpetazo el pasado septiembre, sin entrar al fondo del asunto, a la demanda millonaria interpuesta por la familia de exiliados cubanos. Los demandantes mantienen que Meliá, durante veinte años, se ha enriquecido con dos hoteles levantados en la isla caribeña sobre un ingenio expropiado en 1960 por el castrismo. La sentencia ahora recurrida declara que los juzgados españoles no son competentes para entender de un litigio derivado de un acto soberano de un Estado, la expropiación de la hacienda por los revolucionarios, y donde también aparece como parte interesada el Estado cubano, propietario de los terrenos y los hoteles.
Central Santa Lucía
La parte demandante es la sociedad norteamericana Central Santa Lucía, propiedad de los herederos del patriarca familiar Rafael Lucas Sánchez Hill. Los demandantes querían que Meliá les indemnizase con unos diez millones de euros, el beneficio de la empresa mallorquina por la explotación de los dos establecimientos en los últimos cinco años. La cadena había pedido el archivo del caso al entender que los tribunales mallorquines no eran competentes para resolver un litigio derivado de un acto de un tercer Estado y tampoco tenían jurisdicción para fallar sobre un pleito que afecta al estado cubano, propiedad de los dos hoteles a través de la empresa pública Gaviota S.A. Crespí dio la razón a Meliá y añadió otro obstáculo para la imposibilidad de resolver el pleito: la Justicia española no es competente para declarar si Central Santa Lucía posee los derechos sobre la finca expropiada al hacendado. Según la magistrada, determinar esos derechos sería competente de la justicia cubana, dado que se trata de averiguar de quién es la finca y si los reclamantes tienen algún derecho.
