Vivimos en una sociedad extremadamente polarizada, advierte Càritas. Baleares es la comunidad autónoma de España en la que más ha crecido la desigualdad entre pobres y ricos. Y esta brecha es de las más grandes de todo el continente.

Las personas que quedaron atrás durante la crisis han aumentado muy poco sus ingresos respecto a esos años de descalabro económico. Sí hay menos personas en riesgo de exclusión social, 34.000 personas han logrado pasar esa frontera, pero aún así 243.000 habitantes (el 21,5% de la población) siguen en esta categoría. Baleares es la tecera comunidad, solo por detrás de Canarias y Extremadura, con más personas en riesgo de exclusión.

Y no sería difícil que este grupo aumentase. A día de hay unas 211.000 personas que viven en la "sociedad integrada", pero están al filo, en la inseguridad e incertidumbre constante y sin un colchón de seguridad que les permita reaccionar si se confirman los pronósticos de los organismos internacionales que apuntan que se viene una nueva recesión económica. Así, a poco que el panorama se complique, estas 211.000 personas fácilmente caerán en la exclusión social. Y si no se producen cambios, los servicios de protección social no podrán evitarlo.

Así lo ha expuesto hoy en Palma, Raúl Flores, secretario técnico de la Fundació FOESSA, que ha presentado hoy de la mano de Càritas los resultados sobre una encuesta realizada sobre integración y necesidades sociales. Respecto a esa brecha tan ancha existente en Baleares entre ricos y pobres, Flores ha destacado que en los últimos años 'post-crisis' la renta media en las islas se ha incrementado un 11%, pero en el caso de la población con menos ingresos esta subida apenas ha sido del 0,6%.

¿Por qué? "Es uno de los resultados de una salida de la crisis basada en el crecimiento de la ocupación de baja calidad", ha apuntado el experto.

Según Flores, Baleares se ha recuperado de la crisis si atendemos solo a las cifras de creación de empleo, a la dimensión económica, pero la exclusión social incluye más dimensiones y hay varias en las que la situación del archipiélago ha ido a peor: la precariedad laboral, "ya asumida como algo natural", y el elevado precio de la vivienda. Y es que, tras pagar el alquiler o la hipoteca y los diferentes suministros, un 15% de los habitantes del archipiélago entran en la categoría de "pobreza severa".

En las islas de los récords turísticos, unas 85.000 personas viven con el riesgo constante de quedarse sin hogar y 120.000 personas residen en viviendas inadecuadas, no habilitadas o insalubres.

En el caso del trabajo, el turismo se traduce en una elevadísima temporalidad de los contratos, "factor clave de la situación social" que genera "trabajadores pobres y excluidos". La tasa de trabajadores en pobreza severa ha crecido entre 2013 y 2019 del 8,6 al 19,6%. Y aunque se haya creado mucho empleo, el paro de larga duración en Baleares es del 24%, lo que triplica la cifra de 2007.

Flores ha explicada la situación comparando puestos de trabajo con edificios: "Durante la crisis se destruyeron muchos trabajos, muchos edificios; después, se han reconstruido algunos edificios pero sobre todo se han puesto muchas tiendas de campaña, empleo precario: y no se puede vivir siempre en una tienda de campaña". Y si encima viene temporal, como parece que se avecina según los indicadores económicos, las tiendas de campaña está claro que no resistirán el empaque: "Hace falta un marco normativo distinto y diferentes mecanismos de protección", ha advertido.

El Informe FOESSA también evalúa el "conflicto social" como otra dimensión a tener en cuenta al hablar de exclusión e inclusión social. Y en este aspecto, Baleares también ha empeorado: un 13,7% de baleares dicen sufrir este tipo de conflictos, que abarcan las adicciones; el maltrato; la discriminación; el deterioro familiar... En 2013, solo un 5% de los encuestados señaló que sufría este tipo de situaciones. Las cifras de Baleares sobre las relaciones conflictivas en el hogar y las adicciones son las más altas de todo el país.

Esta es la situación de Illes Balears: ¿Responden los servicios públicos a la altura de las cifras? El gasto en protección social está por debajo de la media española. Si aquí se destina 2.840 euros por habitante, la media nacional es de 3.215 euros.

Tras los servicios sociales públicos, Càritas es la primera entidad a la que más personas en riesgo se dirigen en busca de ayuda. Gabriel Pons, director de Càritas Menorca, ha señalado que los recursos nunca son suficientes, pero que intentan cubrir todas las necesidades que les llegan, proporcionando desde ropa y alimentos, hasta facilitando procesos de inserción laboral.

Para concluir su exposición, Raúl Flores ha señalado un dato preocupante (otro): el ascensor social en España ya no funciona. A día de hoy, "la pobreza se hereda: es una marca de transmisión intergeneracional".

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