El Parlament pidió ayer al Govern que ponga en marcha una campaña que dé a conocer las consecuencias penales que supone cualquier agresión al personal sanitario de Balears.
En concreto, el Código Penal contempla la agresión a los profesionales sanitarios como un delito contra la autoridad, lo que puede acarrear una pena de hasta cuatro años de cárcel.
La Comisión de Salud del Parlamento de Balears aprobó ayer por unanimidad una iniciativa del PSIB, presentada conjuntamente con Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, para incrementar las medidas dirigidas a combatir las agresiones al personal sanitario, una circunstancia que “nos ocupa y preocupa mucho”, expuso el diputado socialista Juli Dalmau.
La proposición no de ley consta de tres puntos y, en el primero de ellos, la cámara legislativa manifiesta su rechazo a cualquier tipo de amenaza, intimidación o agresión dirigida al personal sanitario, al tiempo que reconoce el prestigio profesional de este colectivo.
En segundo lugar, se pide al ejecutivo autonómico que desarrolle íntegramente el Plan de Prevención de la Violencia Sanitaria en el servicio del Samu 061, y que actualice los protocolos en materia de agresiones antes de final de año, con el propósito de adaptarlos al incremento de las agresiones que se están registrando.
Asimismo, también se requiere al Ejecutivo balear que continúe atendiendo las reivindicaciones de los profesionales para mejorar su protección. En los protocolos vigentes figuran actuaciones dirigidas a la formación en técnicas de prevención y medidas como el uso del denominado “botón del pánico” para avisar a la policía.
