El próximo jueves se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Palma el exconseller de turismo de UM Francesc Buils y otros nueve acusados de malversar unos 900.000 euros del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), un caso que comenzó a investigarse en el año 2010 y cuyos hechos datan de 2008.
Junto a Buils, ya condenado por otros casos de corrupción por su etapa al frente de Turismo en la legislatura 2007-2011, están acusados Antoni Oliver, ex gerente del Inestur y los altos cargos del mismo organismo David Rebassa y Luisa Tortella.
La fiscalía pide cárcel
Para cada uno de los cuatro la Fiscalía solicita cinco años de cárcel y dieciséis años y medio de inhabilitación por malversación, prevaricación y fraude a la administración.
En la sesión del jueves, una vista previa ante la sala primera de la Audiencia Provincial, también están citados como acusados el exalcalde de Pollença Joan Cerdà, que fue alto cargo del Consell insular con la extinta Unió Mallorquina, y cinco empresarios cuya sociedades se beneficiaron de adjudicaciones del Inestur presuntamente fraudulentas.
Para los empresarios y Cerdá, a los que considera cooperadores necesarios de malversación y autores de fraude a la administración, la Fiscalía reclama sendas condenas de dos años y tres meses de prisión e inhabilitación por 4 años y medio.
La acusación pública sostiene que los políticos y altos cargos del Inestur se concertaron con los empresarios para beneficiarles “por perjuicio económico para la Administración” obviando las normas de contratación, impidiendo la concurrencia de competidores en condiciones de igualdad a los procedimientos para asignar contratos, anticipándoles información confidencial e impidiendo concursos legales.
Así se llevaron a cabo trece adjudicaciones y ampliaciones de contratos por las que se reclaman a los beneficiarios y a los presuntos prevaricadores que devuelvan a las arcas del Govern un total de 903.762 euros.
