La entrevista se realiza justo después de que el delegado del Gobierno en funciones, Ramón Morey, participe en una concentración de repulsa por el asesinato de una mujer a manos de su pareja en la Colònia de Sant Jordi.

P Otro asesinato de género. ¿Qué está fallando en la sociedad?

R El diagnóstico de lo que está sucediendo con la violencia de género requiere un gran debate social para intentar evaluar las causas y aportar soluciones, que deben ser tomadas por la gran mayoría de fuerzas políticas, sociales y ciudadanas. Es lamentable que hoy en día alguien ponga en duda todavía la gravedad de la violencia de género. Por otra parte, en esta Delegación desde el primer momento, cuando llegó Rosario Sánchez, se tomó la decisión de hacer uno de los ejes de actuación la lucha contra la violencia de género. Se tomaron medidas respecto al protocolo viogén, se propicia la sensibilidad a través de múltiples cursos para policías y guardias civiles y campañas de sensibilización y formación. Pero está claro que no basta. Por tanto, tendremos que diseñar medidas más contundentes para terminar con esta lacra.

P Precisamente en dos de los últimos casos que hubo en Mallorca, los asesinatos de Lucía Patrascu y Sacramento Roca, se evidenciaron fallos tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional. ¿Qué medidas se han tomado para evitar que se repitan?

R En el caso de Lucía Patrascu, yo no estaba. Sé que la Guardia Civil tomó medidas de carácter disciplinario y también medidas de mayor sensibilización. En la Delegación tenemos una guardia civil que es nuestro enlace con el Cuerpo, que promueve una sensibilización absoluta en la violencia de género. Y por parte de la Policía se hizo una revisión de los protocolos y sistemas de actuación y se propiciaron relevos de los responsables del grupo de violencia de género.

P Usted lleva desde julio como delegado en funciones y esta situación se va a prolongar varios meses más¿Qué consecuencias tiene esta situación para los ciudadanos?

R Ninguna. Las instituciones funcionan con unos sistemas de suplencias, y cuando falta uno siempre viene otro. No existe ningún vacío en las direcciones de los organismos. La Administración General del Estado y todos sus organismos funcionan con normalidad y siguiendo los objetivos marcados desde el principio. Mi función es motivar, dirigir y controlar que todas las funciones de la Administración General del Estado se lleven a cabo correctamente. Esta situación no tiene por qué afectar a los ciudadanos.

P Nuevas elecciones para el 10 de noviembre. ¿No temen la desafección de los ciudadanos?

R No lo sé. Hay análisis para todos los gustos. Hay ocasiones en las que esta reiteración de elecciones provoca una bajada de la participación, como pasó en 2016. En otras ocasiones, a nivel internacional, hay ejemplos de que en unas segundas elecciones se ha igualado e incluso aumentado la participación. Mi sensación es que una vez pasado este primer momento de disgusto que compartimos todos, y a medida que se acerque el día de las elecciones, la gente se irá motivando y movilizando más, porque es mucho lo que nos jugamos.

P ¿Por qué no se ha podido reeditar en el Gobierno central un pacto como en Balears?

R Es algo que todos lamentamos, que nos ha disgustado a todos. Al presidente del Gobierno en primer lugar y ya lo dijo públicamente. Se ha partido de posiciones muy inamovibles por parte de determinados grupos y se ha evidenciado esa falta de capacidad para aproximar posturas.

P ¿Lo ve como un fracaso del PSOE?

R No, del PSOE no. En todo caso, si se trata de un fracaso es de toda la sociedad o de toda la clase política. No particularizaría en el PSOE este fracaso.

P Es el que tenía la responsabilidad de formar gobierno.

R Sí, tenía la responsabilidad, pero necesitaba el apoyo de los demás. Si se trata de buscar culpables, si la culpabilidad se mide por lo que ha cedido uno u otro, no se puede considerar que el PSOE sea el más culpable. De todos los partidos que han participado en este proceso el PSOE ha sido el que más ha cedido con diferencia.

P Y mientras, con el Gobierno en funciones, se presentan desafíos muy graves, como un posible brexit sin acuerdo el 31 de octubre. ¿Que consecuencias puede tener para Balears? ¿Se ha tomado ya alguna medida?

R Una de las cosas que más lamentamos de esta situación es precisamente que no podemos afrontar estos desafíos con un Gobierno fuerte, consolidado. Pero aunque el Gobierno esté en funciones, evidentemente se están tomando medidas. Respecto al brexit hay ya desde marzo un plan de contingencia en el que se han tomado distintas medidas para que el daño sea el menor posible, tanto en cambios normativos o de procedimientos, como el tema de visados o refuerzo de determinadas áreas de la Administración del Estado para hacer frente a cargas de trabajo suplementarias que se puedan producir. Hay que decir que en estos momentos tampoco sabemos cómo va a terminar el brexit, pero nosotros nos preparamos para el peor de los escenarios posibles. La idea es que seamos capaces de superar este desafío de la manera más satisfactoria posible.

P ¿Cómo cree que podría afectar a Baleares ese peor escenario posible?

R Teniendo en cuenta que se trata de una comunidad que vive del turismo, uno de los peores efectos podría ser el relacionado con el turismo: la depreciación de la libra respecto al euro y el encarecimiento de los paquetes turísticos para los británicos. Ese podría ser uno de los principales problemas para Balears.

P Pese al acuerdo alcanzado con algunos sindicatos policiales, hay otros como Jusapol que dicen que la discriminación salarial respecto a las policías autonómicas se mantiene.

R Lo primero felicitar a Jupol por el excelente resultado que han obtenido en las elecciones sindicales. Pero cualquier decisión que se pueda tomar en este sentido está limitada por los recursos de que dispone el Estado. Las políticas de austeridad impuestas desde 2011 han hecho muchísimo daño a la Administración General del Estado. La Policía y la Guardia Civil han perdido muchísimo poder adquisitivo y se han resentido sus condiciones de trabajo. Pero hay que señalar que es un problema que alcanza al resto de funcionarios del Estado. Las decisiones que se tienen que tomar tienen que ser de carácter global, sin perjuicio de que para determinados colectivos haya que tomar medidas específicas. Pero estamos limitados por los recursos que tiene el Estado.

P En Balears estos funcionarios sufren especialmente las dificultades para conseguir una vivienda. ¿Hay prevista alguna medida para intentar paliar este problema?

R Desde las instituciones de Balears se está reclamando para los funcionarios algún suplemento que compense el coste de la insularidad, de vivir aquí. Tenemos que entender que la Delegación del Gobierno no es un organismo reivindicador ante Madrid. Somos la delegación de Madrid en Balears, no la de Balears en Madrid. Pero a nosotros también nos afecta la falta de personal y la dificultad de cubrir plantillas. Nosotros mantenemos un contacto continuo con Madrid, con todos los ministerios, haciendo ver las dificultades que hay para cubrir plantillas en Balears. Y le puedo decir que notamos un cambio en la receptividad de estas propuestas.

P ¿Pero hay alguna medida concreta? ¿Algo que se pueda anunciar?

R No, y menos en una situación de Gobierno en funciones en la que estamos, donde no hay ni siquiera un presupuesto del Estado. Por eso digo que lo prioritario, antes de tomar medidas concretas, es conseguir la mayor receptividad y comprensión a la situación de los funcionarios.

P Eso es un poco ambiguo.

R Es que no tenemos ni presupuesto. Por eso sería bueno que hubiera un Gobierno con plenas competencias para poder abordar claramente todos los problemas que tenemos. Aparte de que cualquier medida que anunciara en estos momento sería tachada de electoralista.

P ¿Es normal que un año después de la torrentada de Sant Llorenç los afectados sigan sin cobrar las ayudas?

R Los ayuntamientos ya tienen la posibilidad de presentar sus solicitudes. Esperamos que a partir de ahora vaya más rápido. Puede causar sorpresa, pero los plazos han sido similares o incluso inferiores a otros casos parecidos en otros sitios, como el terremoto de Lorca. Pero esto no es excusa. Yo ya pedí públicamente disculpas a los ayuntamientos por estas dilaciones y creo que se tienen que acortar los plazos de estas tramitaciones. Hay que añadir que en este caso, con el Gobierno en funciones, se exigen trámites diferentes, como la aprobación de estos pagos por la Secretaría de Estado de Presupuestos, lo que alarga los plazos. El procedimiento es evidentemente mejorable y nosotros, por la parte que nos corresponde a Delegación, nos comprometemos a agilizar los tiempos lo máximo posible.

P ¿Sabe cuándo van a cobrar estas personas?

R No, depende de que los ayuntamientos empiecen a cargar la aplicación prevista, que las solicitudes estén correctas. Por parte de esta Delegación, la instrucción de los expedientes se va a hacer lo más rápido posible. De hecho, ya he constituido un equipo de tramitación. Nuestro objetivo sería que antes de final de este año, de los veinte millones de euros que hay para repartir, doce o trece ya estén pagados. Y el resto, el año que viene, si es posible al principio.

P El ministro Ábalos ha provocado la alarma esta semana al anunciar que se está estudiando el nivel de renta de los beneficiarios de los descuentos de viaje para residentes. ¿Le consta que la Agencia Tributaria esté analizando estos datos? ¿Qué va a pasar con los descuentos?

R No tengo ninguna constancia de que la Agencia Tributaria esté estudiando esto. Es un estudio que se encargó a una universidad, si no me equivoco. Lo que sí puedo asegurar es que el descuento del 75% en los viajes para los residentes está garantizado. Es un derecho blindado. Nadie va a bajar el 75%. Y eso lo ha reconocido el mismo ministerio de Fomento, tanto a nosotros como a la presidenta del Govern balear. No se va revisar en absoluto el 75% de descuento.