El fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, reclama la libre absolución del magistrado Miquel Florit en el llamado caso Móviles, al estimar que sus cuatro autos no vulneraron el secreto profesional sobre sus fuentes de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, que informaban sobre el caso Cursach. Barceló reclama como testigos para la vista oral al fiscal anticorrupción Juan Carrau y a su superior en este departamento, Alejandro Luzón, que apoyaron los autos de Florit donde se ordenó el control de las llamadas de los periodistas y la incautación y análisis de sus teléfonos móviles y otras herramientas de trabajo.

Florit, defendido por Josep Zaforteza y que está de baja médica, será juzgado por la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJB por prevaricación judicial y supuestas vulneraciones de los derechos constitucionales a la información, el secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio. El fiscal superior en su escrito de calificación rechaza la existencia de esos delitos y hace un sucinto relato de lo ocurrido, entre septiembre y diciembre del año pasado, cuando Florit dictó los cuatro controvertidos autos y un quinto dejando sin efectos el penúltimo, donde había dispuesto la incautación de los móviles de Pou y Mestre y el registro de sus sedes de trabajo en Europa Press y Diario de Mallorca.

Policías sospechosos

Según la fiscalía, Florit investigaba a agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que llevó las pesquisas contra Cursach, por "haber filtrado a la prensa diversos documentos que estaban bajo secreto sumarial expresamente declarado". El juez dictó tres autos recabando las llamadas de los dos periodistas y su geoposicionamiento cuando, según Barceló, ya tenía identificados a los agentes de Blanqueo supuestamente implicados en la revelación de secretos. "Con ello se pretendía exclusivamente contrastar los números de teléfono de las llamadas emitidas y recibidas desde los números de teléfono de los funcionarios policiales investigados, que ya se conocían, con los números de dichos periodistas, que también se conocían".

Estas diligencias, en opinión del fiscal superior, solo permitían tener acceso a las listas de llamadas, duración y fechas de las mismas, pero no a su contenido, por lo que resultaba "imposible descubrir las fuentes de información amparadas por el secreto profesional de los periodistas y que, además, no era el propósito de los investigadores, sino el de recabar pruebas para las diligencias que se estaban instruyendo". El escrito de la fiscalía obvia que la Policía Judicial cruzó las llamadas de los móviles de los dos redactores con informaciones que habían publicado ese día o el siguiente del caso Cursach, con lo que sus fuentes podían quedar al aire.

No se entró en los móviles

Sobre el cuarto auto (requisa de móviles y registros), dictado el 11 de diciembre del 2018, Barceló mantiene que la finalidad de Florit era "progresar en la investigación de las diligencias previas (sobre revelación de secretos) y la recopilación de elementos de prueba, mediante una búsqueda restringida estrictamente a ello y comprobación de los documentos filtrados que no se llegó a materializar". El fiscal destaca que los móviles no se analizaron.