La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) Felisa Vidal dictó ayer un auto de apertura de juicio oral contra el juez Miguel Florit, al que imputa los presuntos delitos continuados de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional periodístico y contra la intimidad, por el llamado caso Móviles. El auto no puede recurrirse y significa que Florit será juzgado por una sala de magistrados del TSJB por esos supuestos delitos, de los que se declara inocente.
La resolución de Vidal impone al magistrado (con el Estado, como posible responsable civil subsidiario), una fianza de 60.106 euros, que deberá depositar en un plazo de cinco días. También se emplaza a la Abogacía del Estado a que se persone en la causa como responsable civil.
Caracteres de delito
El auto destaca que "de lo actuado se infiere que los hechos investigados (en el caso Móviles) revisten los caracteres de delito y que existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado" por lo que procede abrir juicio oral contra él. Las acusaciones, en nombre de Diario de Mallorca, Europa Press, Agencia Efe y Asociación de Medios de Información (AMI), reclaman para Florit una pena de 42 años .
El escrito de acusación, firmado por los abogados Nicolás González-Cuéllar Serrano y Javier Crespo Bonachera, enumera los autos dictados por Florit que, entre septiembre y diciembre de 2016, ordenó fiscalizar las llamadas telefónicas de los dos periodistas y de una tercera redactora de la agencia Efe. También pidió un control de la geolocalización de sus teléfonos móviles, y, por último dispuso la requisa de sus teléfonos (para su análisis) y de otros dispositivos electrónicos de trabajo, así como el registro de las redacciones.
"Los referidos autos fueron dictados por el acusado (Florit) con plena conciencia de que los mismos eran manifiestamente injustos y vulneraban el derecho al secreto profesional periodístico, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la inviolabilidad de domicilio", sostiene el escrito.
Para la acusación, los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación judicial (por el que se reclaman 20 años de inhabilitación y una multa de 28.800 euros; dos contra la inviolabilidad de domicilio (por los que se solicitan 12 años de inhabilitación y dos multas de 14.400 euros); un delito contra el ejercicio del derecho a la información (por el que se solicitan 4 años de inhabilitación especial); y un delito de interceptación ilegal de las comunicaciones (para el que se pide una condena de 6 años de inhabilitación especial).
Información reservada
El juez, que se halla de baja, investigaba un presunto delito de revelación de información reservada y secreta del caso Cursach y ordenó en tres autos cribar los listados de llamadas de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou, de Diario de Mallorca y Europa Press. Después, dictó otro auto en que dispuso la requisa y análisis de los teléfonos móviles de ambos redactores y de otros dispositivos electrónicos de trabajo.
En los autos, el juez encausado, apenas contempló la posibilidad de que sus órdenes vulneraran el derecho a la información al hacer aflorar las fuentes de los periodistas. Las resoluciones contaron con el apoyo del fiscal anticorrupción Juan Carrau.
