Defensas y acusaciones se reunieron este martes en el juzgado de lo penal 7 de Palma para preparar la vista oral por el accidente del tren de Inca a las afueras de Sineu, ocurrido el 19 de mayo de 2010 y causó 34 heridos, dos de ellos muy graves.

Las elevadas indemnizaciones que están en juego, que superan los dos millones de euros, y las diferencias entre las aseguradas acusadas para repartirse las cuotas de las compensaciones, aplazaron el acuerdo, que ayer se veía factible.

La magistrada Victoria Crespí convocó esta vista previa para determinar si se llega a algún tipo de pacto para celebrar la vista oral en conformidad, algo que se presenta muy difícil debido a las elevadas indemnizaciones civiles que se reclaman para los damnificados y que superan los dos millones de euros.

En la causa están acusados siete técnicos, un jefe de obras y un cargo de SFM que participaron en las obras del tramo donde se produjo el siniestro, a consecuencia del derrumbe de un muro de contención.

La vistilla acabó sin acuerdo y la magistrada convocó para el 11 de octubre a las partes para otra vista previa. Los acusados se enfrentan a penas de cárcel, dos años por cabeza, y condenas de inhabilitación lo que les provocaría dificultades en su ejercicio profesional.

Los acusados se enfrentan a penas de cárcel, dos años por cabeza, y condenas de inhabilitación lo que les provocaría dificultades en su ejercicio profesional.

Según fuentes jurídicas, el pacto en su vía penal está casi zanjado: la mayoría de los hechos pasarían a faltas de lesiones (ya despenalizada o prescritas) y solo las heridas del conductor y el interventor del tren (que fueron muy severas) serían una imprudencia con lesiones muy graves.

Estos dos presuntos delitos se sancionarían con una pena leve de prisión o una multa.

El problema es compensar a esos lesionados graves, uno de los cuales sufre una gran invalidez y para él se piden 1,285 millones de euros, para otro de los perjudicados se solicitan 141.000 euros y una mutua reclama 334.000 euros.

Según el fiscal, el accidente se debió a una negligencia en la construcción del muro atribuida a los técnicos acusados.

La acusación mantiene que hubo delito en las obras del muro y en las tareas de mantenimiento del mismo.

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