La consellera de Salud, Patricia Gómez, reveló ayer que la primera visita cursada por los inspectores al restaurante Dragon Sushi de Palma -causante de un brote infeccioso alimentario a finales del pasado mes- tras la que se realizó antes de su apertura en diciembre de 2015, no se produjo hasta el mes de junio de este año, tres años y medio después.
En el transcurso de su comparecencia parlamentaria de ayer para explicar la actuación de su departamento en este brote alimentario, Gómez recapituló que finalmente se ha cerrado con 102 personas afectadas de las que doce procedían de otras cuatro CC AA (Madrid, Cataluña, Navarra y Cantabria) y que 42 de ellas padecieron salmonelosis.
Aunque tres años y medio entre visita y visita puede parecer un periodo excesivamente largo, es coherente con las cifras facilitadas por Maria Antònia Font, directora general de Salud Pública, en la entrevista que concedió a este diario el pasado domingo.
En ella señaló que el departamento de seguridad alimentaria cuenta con un total de 68 inspectores para controlar las condiciones higiénicas de los más de 20.000 restaurantes y cafeterías de las islas así como de sus mataderos y las carnes importadas que se consumen en el archipiélago. Y que cada año se cursan inspecciones a unos 5.000 establecimientos. Esto es, al 25% del total. Por tanto, cada restaurante recibiría una visita de los servicios de inspección aproximadamente cada cuatro años.
Presionada por la diputada del PP Marga Durán, Gómez reveló además que en la visita realizada el mes de junio se detectaron "deficiencias estructurales" de un nivel de gravedad 1 (la calificación cero implica el cierre inmediato del establecimiento) pero que se le dio un plazo al establecimiento para subsanarlas y lo hizo.
Sobre una presunta tardanza en cerrar el establecimiento de comidas -la clausura se produjo el domingo 25 de agosto cuando, admitió la consellera, ya había siete intoxicados en Son Llàtzer y tres en Son LlàtzerSon Espases la consellera diferenció entre las sospechas de los profesionales sanitarios y sus notificaciones y la confirmación de las mismas. "Es el servicio de epidemiología es el que declara el brote", zanjó.
Medio millón en multas
Sorteó Gómez las preguntas de los diputados acerca de si era necesario aumentar la plantilla de inspectores de seguridad alimentaria para poder controlar con garantías el creciente número de locales donde sirven comidas revelando que durante el año pasado se ejecutaron 93 suspensiones de actividad y 187 propuestas de suspensión. Y que se recaudaron un total de 560.242 euros con las sanciones impuestas.
Alegó que el expediente contra el restaurante Dragon Sushi está abierto y a la confidencialidad debida para no facilitar información sobre las deficiencias halladas en la inspección realizada durante el mediodía del domingo que concluyó con su cierre. "Se trataba de deficiencias estructurales, no se detectaron problemas con la manipulación de alimentos", diferenció la consellera.
El restaurante implicado, situado en la calle Blanquerna de Palma, continúa a día de hoy cerrado y al menos otro establecimiento de la misma cadena ha sido inspeccionado sin consecuencias.
