El fiscal anticorrupción Juan Carrau y la abogada de la familia Miralles, Isabel Fluxà, mantuvieron ayer sus peticiones de seis años de condena para cada uno de los seis hijos varones del fallecido empresario José María Ruiz Mateos, dueño de Rumasa y Nueva Rumasa. Las acusaciones les atribuyen una supuesta estafa en la compra, entre 2005 y 2011, del hotel Eurocalas (Manacor), propiedad de Francisco Miralles. Según Carrau, parte del engaño del que fue víctima el hotelero mallorquín (dueño del Grupo Miralles) se debió al maremágnum que reinaba en Nueva Rumasa, con centenares de sociedades, muchas en paraísos fiscales, caja única y testaferros.

La Audiencia de Palma celebró ayer la última sesion de la vista oral contra los empresarios (Pablo, Zoilo, José María, Alfonso, Álvaro y Javier Ruiz Mateos Rivero), que cumplen condena en la cárcel de Aranjuez por una estafa similar en la compra, por los mismos años, de sendos hoteles en Calvià y Gran Canaria.

La defensa, ejercida por Juan Manuel García Gallardo, reclamó la libre absolución de los seis acusados (un séptimo está en rebeldía y al octavo, sobrino de Ruiz Mateos padre se le ha retirado la acusación).

Según las acusaciones, la familia Ruiz Mateos simuló una solvencia que no tenía para comprar a plazos el Eurocalas y dejó en papel mojado las garantías ofrecidas: un hotel en Torremolinos (el Cervantes) que inmediatamente fue hipotecado y vendido a otra sociedad del Grupo y su hipotética fortuna personal, dado que Nueva Rumasa estaba, a partir del 2009, prácticamente quebrada.

La defensa, por su parte, argumentó que los vendedores sabían en todo momento en qué condiciones se hacía la operación, que Nueva Rumasa se hundió por la crisis y la puntilla que le dio el Banco de Santander en la financiación y que no hubo ningún tipo de engaño.

¿Qué empresas son esas?

Carrau, en su informe, acusó a los hermanos de crear "confusión" con sus avales personales, dado que Nueva Rumasa, hacia 2008, ya estaba al borde de la quiebra. "¿Qué empresas son esas en las que los acusados usan a sus compañías para comprarse mansiones con amarres para ellos?", destacó el fiscal anticorrupción.

Isabel Fluxà, abogada de la familia Miralles, acusó a los hermanos de actuar de manera opaca e ilícita a lo largo de toda la operación. García Gallardo cargó contra Francisco Miralles y acusó al querellante de no aportar un precontrato donde se pactaron las condiciones de la venta, documento que desmentiría sus tesis.