La acusación particular calificó ayer, ante la sección primera de la Audiencia, al empresario de s'Arenal Miguel Pascual Bibiloni de comportarse, durante años, como "el mandamás" de sus dos clubes de alterne y "de aprovecharse e intimidar a las mujeres que trabajaban allí porque carecían de permiso de residencia y por su estado de necesidad para mantener relaciones sexuales con la amenaza de despedirlas o de mermar sus salarios".
Ayer tuvo lugar la segunda y última sesión del juicio contra Pascual, que en la primera se acogió a su derecho a no declarar. La acusación particular, representada por Jaume Bueno, y la fiscal Mercedes Carrascón mantuvieron su petición de 28 años y medio de prisión para el empresario, de 73 años.
La defensa, ejercida por Eduardo Valdivia, reclamó la libre absolución por falta de pruebas y porque no se ha acreditado ninguno de los delitos que se le atribuyen al acusado.
Una testigo protegida, una joven del Este que trabajó, a partir del 2008, varios años en los locales Tablet Dance y Buho Verde de Pascual declaró ayer.
La mujer explicó que ella y sus compañeras hacían jornadas de nueve horas, aunque la mayoría tenía contratos de solo cuatro horas. Allí bailaban, tomaban copas y se acostaban con los clientes.
"El dueño solía ir al reservado con las chicas para mantener relaciones sexuales y les pagaba a ellas directamente", apuntó la testigo. "A mí no me podía ver ni en pintura porque no me prestaba a sus deseos: una vez me llevó al reservado y me pidió que hiciera unas prácticas sexuales que yo nunca hacía; me negué a hacerlo y me cogió del cuello, me escapé y no lo hice", narró la declarante.
Según la antigua empleada, ellas recibían el 50 por ciento del gasto de los clientes y se tenían que pagar la Seguridad Social de su bolsillo.
A preguntas de Valdivia, la testigo señaló que no estuvo retenida a la fuerza en los locales, aunque añadió que tuvo algunos problemas cuando quiso despedirse.
Testimonio imposible
Jaume Bueno pidió al tribunal hace unos días que autorizara otra vez la declaración de dos prostitutas del Este, ambas testigos protegidas. Estas mujeres explicaron a la Policía y ante el juez (cuando la causa estaba secreta), que Pascual les obligaba a mantener relaciones sexuales con él sin protección y bajo la amenaza de despedirlas o de no promocionarlas para que bailaran en los locales (lo que conllevaba unos mayores ingresos).
Las dos mujeres, en la primera sesión del juicio, se negaron a declarar alegando una crisis de ansiedad, que la forense no detectó. El presidente del tribunal intentó tranquilizarlas, pero al persistir en su negativa se les informó de que podían ser acusadas de desobediencia.
La sala denegó por escrito la prueba y ayer, ante la insistencia del acusador particular, volvió a rechazarla. Según Bueno, una de las mujeres esperaba cerca del Palacio de Justicia por si era citada.
Sin ambas testigos, las pruebas contra el empresario son difusas e indirectas.
Un camarero de sus locales, también testigo protegido, señaló que Pascual mantenía a diario relaciones con las chicas y enchufaba a sus favoritas. "El dueño les amenazaba con el despido si no accedían a mantener relaciones", dijo el camarero.
