El Tribunal de Cuentas considera que el elevado volumen de recursos que Balears necesita destinar al servicio de la deuda pública "cuestiona la sostenibilidad económica y presupuestaria de la Comunidad Autónoma", teniendo en cuenta la deuda pendiente de amortizar y las previsiones de vencimientos del endeudamiento hasta 2023.
Así lo indica el Informe Global del Sector Público Autonómico correspondiente al ejercicio 2016, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas. Se trata de un informe que se elabora anualmente y que expone los datos más relevantes de los informes de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo autonómicos.
Siete mil quinientos millones
El informe del TC reseña que, al cierre de 2016, la deuda de Balears pendiente de amortizar era de 7.521,9 millones de euros. Sin embargo, los vencimientos previstos para el periodo 2018-2023 implican un importe total de amortizaciones de 5.716 millones de euros, lo que suponía el 76% del total de endeudamiento a esa fecha.
Según el TC, esto "cuestiona la sostenibilidad económica y presupuestaria de la Comunidad Autónoma, dado el volumen de recursos que se destinarán al servicio de la deuda".
Del informe del Tribunal de Cuentas también se desprende que la conselleria de Educación y Universidad y la conselleria de Salud fueron las que registraron mayor modificación de créditos.
Durante 2016 se tramitaron 335 expedientes de este tipo, que incrementaron los créditos iniciales en 206,1 millones de euros: de este total, 139,1 millones corresponden a Salud y 58,3 millones a Educación. Estas modificación supusieron un aumento del 10,2% sobre los créditos iniciales de Salud y del 7,1% en el caso de Educación.
Asimismo, Balears destinó 712 millones de euros en remuneración del personal sanitario, lo que supone el 48,6% del gasto sanitario consolidado de la Comunidad.
Por otra parte, el informe del TC también destaca que Balears es una de las Comunidades cuyas universidades tuvieron un grado de ejecución del presupuesto de gastos inferior al 80%, junto a las universidades de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.
En 2016, Baleares remitió al Tribunal de Cuentas 1.539 contratos por un importe de 228,1 millones de euros para su fiscalización. La mayoría son contratos de servicios (773) y de suministro (429), mientras que se remitieron 87 contratos de obras públicas.
