Leyes del Govern de Francina Armengol, compromisos de mejora de la financiación y apenas dos puntos sobre turismo. Así se resume el documento de pacto de Pedro Sánchez difundido ayer en el que, como ya hizo con su programa electoral, vuelve a inspirarse en numerosas medidas aprobadas por el Govern del Pacto y que ya se aplican en Balears.

Entre los hasta 370 puntos que recoge el documento presentado ayer por Pedro Sánchez para presionar a Pablo Iglesias a aceptar un acuerdo que permita su investidura como presidente del Gobierno, se recogen numerosas propuestas ya puestas en marcha en las islas desde los planes de lucha contra la precariedad laboral hasta leyes como la de Cambio Climático o la de Residuos, pese a que paradójicamente en el archipiélago tienen hoy avisos de inconstitucionalidad por parte del propio Gobierno de Sánchez. También propone a nivel nacional otras leyes aprobadas en las islas como una Ley de Infancia u otra de Bienestar Animal.

Del mismo modo, incorpora promesas del actual Govern, como la regulación del precio de los alquileres o limitar las subidas abusivas de los mismos, así como garantizar la educación de cero a tres años, promesa compartida por todos los partidos en Balears.

El documento de Sánchez también propone la regulación estatal del alquiler turístico. De hecho, es uno de los pocos puntos en los que se habla del turismo. A diferencia de otros asuntos con cerca de una veintena de medidas, el líder socialista sólo incluye dos propuestas relativas a la principal industria económica de Balears. Un punto sobre turismo sostenible, que recoge mitigar la huella ecológica del turismo, mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y la reconversión de destinos maduros; y otro que planea trabajar en los mercados asiáticos y africanos ante la vuelta de destinos turísticos competidores.

Freno a los alquileres

La única autonomía que menciona explícitamente es Cataluña, así que no hace falta buscar el Régimen Especial (REB) o la palabra insularidad en el documento. En el apartado de configuración territorial del Estado, en el mismo punto que se rechaza cualquier referéndum de autodeterminación, se defiende que todas las administraciones deben estar bien financiadas, y, de hecho, sí que en uno de los puntos propone un nuevo sistema de financiación, tan reivindicado en Balears.

No obstante, cuidado. El documento, que destina hasta catorce puntos sobre la denominada España vacía o vaciada, se contempla añadir "al criterio poblacional" "otros criterios" para garantizar la financiación de los servicios públicos en las áreas menos pobladas. Un criterio que choca con las necesidades de un archipiélago con las aulas desbordadas y que durante medio año debe atender al doble de su población, como es el caso de Balears.

En el aspecto territorial, el documento también propone la clarificación de competencias entre Gobierno central y autonomía y reforzar otros instrumentos de participación de las comunidades autónomas como la Conferencia de Presidentes o el Senado.

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