01 de septiembre de 2019
01.09.2019
Turismo

Meliá califica de "sinsentido" la reclamación del exilio cubano

La cadena hotelera pide a un juez de Palma que dé carpetazo a la demanda de los Sánchez Hill

31.08.2019 | 22:33

La cadena hotelera Meliá ha pedido al juzgado de primera instancia 24 de Palma que dé carpetazo, sin entrar en el fondo del asunto, a la demanda de diez millones de euros interpuesta contra ella por una familia del exilio cubano, a cuyo abuelo le fue confiscada una hacienda por el castrismo donde ahora se levantan dos hoteles explotados por los mallorquines. Según la empresa isleña, la reclamación "es un sinsentido" o "un grotesco fraude".

La familia de exiliados cubanos Sánchez Hill reclama en los juzgados de Palma diez millones de euros a la cadena Meliá, a la que acusan de lucrarse con la explotación de dos hoteles en la isla caribeña edificados sobre la finca Santa Lucía, que fue confiscada a su abuelo por el castrismo. La demanda ha correspondido al juzgado de primera instancia 24 de Palma y se basa en un artículo del Código Civil español sobre los frutos de bienes poseídos ilegítimamente.

La demanda del exilio cubano en Estados Unidos contra la cadena hotelera mallorquina Meliá Hotels se fundamenta en un supuesto aprovechamiento de una hacienda costera expropiada en 1960 por el régimen de Fidel Castro a la familia de Lucas Sánchez Hill. Los Sánchez Hill, de origen cubano y hoy residentes en EE UU, eran dueños del ingenio azucarero Central Santa Lucía, una hacienda de 485,6 kilómetros cuadrados localizada en Holguín, al noroeste de la isla de Cuba. Tras el ascenso de Fidel Castro al poder, el Gobierno confiscó a la familia su hacienda en virtud de la Ley 890 del Gobierno Revolucionario, que permitía la nacionalización de las grandes empresas industriales y comerciales. No hubo ningún tipo de compensación económica. Sobre una franja costera de la finca se levantan hoy los hoteles Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares, dos complejos de cinco estrellas.

Falta de competencia


Según El Confidencial, Meliá ha presentado ante el juez una declinatoria, cuestionando que los juzgados de Mallorca sean competentes para dirimir este pleito y que tengan jurisdicción sobre la empresa estatal cubana propiedad de los establecimientos.

La empresa demandada no ha entrado en el fondo del asunto en su contestación y solicita al juzgado que archive la reclamación.

Los abogados de Meliá utilizan expresiones duras para rebatir la reclamación y hablan de "funambulismo procesal", "ejercicio esquizofrénico", "sinsentido procesal", "grotesco fraude" y otros calificativos similares.

El pleito se ha iniciado según las leyes españolas y se ha presentado en Palma, porque es la sede de la compañía hotelera.

La reclamación considera que Meliá debe compensar a los demandantes con los beneficios de los últimos cinco años, una cifra que deberá calcular un perito, pero que se estima rondaría los diez millones de euros y nunca sería inferior a los seiscientos mil.

Los hoteles por los que se reclama la suma millonaria son Paradisus Río de Oro y Sol Río y Luna Mares.

Meliá ha asegurado en reiteradas ocasiones no contar con bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de reclamación, ya que, según ha recalcado, su papel es de mero gestor. La cadena ha añadido su escrupuloso respeto a la normativa internacional. Los demandantes han replicado argumentando que en este caso el Gobierno cubano no actúa como un estado, sino como una persona jurídica a través de la Gaviota S.A., la sociedad propietaria de los establecimientos.

La sombra de la Ley Helms-Burton en el pleito


La cadena Meliá ha expresado al juzgado de primera instancia 24 sus sospechas de que la familia Sánchez Hill esté utilizando la demanda interpuesta en Palma como antesala de una futura reclamación contra ellos, vertebrada al hilo de la Ley Helms-Burton.

Esta segunda demanda tendría que interponerse en Estados Unidos y, según a cadena mallorquina, estaría vetada por el Estatuto de Bloqueo comunitario.

Los abogados de la familia de exiliados cubanos niegan que tengan intención de iniciar un pleito en Estados Unidos e insisten en que su demanda está basada en la ley española, que penaliza el enriquecimiento mediante bienes de origen ilícito.

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