El Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMASreiteró ayer que continuará adelante con las oposiciones previstas para los días 14 y 21 de septiembre pese a la impugnación presentada por cerca de doscientos funcionarios interinos. Este colectivo de trabajadores reclama la anulación de las pruebas hasta que Europa les declare fijos en una sentencia prevista para este septiembre.
"Entendemos que la próxima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no afecta directamente al proceso selectivo, ya que según lo que determinen serán después los tribunales españoles los que tendrán que resolver las demandas de los solicitantes", indicó la entidad en un escrito, el mismo que remitió a trabajadores y sindicatos el pasado 14 de agosto.
Los empleados temen perder en las oposiciones una plaza que, en muchos casos, han ocupado durante años en los que han ido encadenando contratos temporales. Denuncian que el 80 por ciento de la plantilla está formada por interinos o personal laboral, por lo que viven la situación con mucha "incertidumbre".
Demanda colectiva
Se da por hecho que la resolución del TSJUE será favorable. En 1999 ya publicó una directiva en la que prohibía el abuso de la temporalidad tanto en el sector público como en el privado, al tiempo que instruía a cada Estado para que sancionara a los empleadores que incurrieran en ese abuso.
El IMAS argumentó en su escrito que un aplazamiento de las oposiciones "implicaría la posibilidad de la impugnación de toda la convocatoria" y, por tanto, "el inicio de un nuevo procedimiento y la posible pérdida de esta oferta de ocupación pública".
Los trabajadores del IMAS, en su mayoría educadores sociales, personal de enfermería y psicólogos, rebaten este argumento recordando que precisamente lo que buscan es la impugnación de este proceso público.
Los doscientos trabajadores del IMAS han presentado una demanda colectiva contra el Consellpero no son los únicos que han acudido a los tribunales. En conjunto, más de quinientos funcionarios interinos y personal laboral de distintas administraciones del archipiélago han presentado reclamaciones colectivas para suspender sus respectivas oposiciones.
En todo caso, un fallo favorable del TJUE no se traduciría en una conversión inmediata de personal interino en indefinido. Cada Estado miembro tendría un plazo para adaptarla según sus respectivos ordenamientos jurídicos.
