Más de quinientos funcionarios interinos y personal laboral de las islas han demandado a sus respectivas administraciones para que aplacen los procesos de oposiciones a los que están convocados. Argumentan que están a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) les declare fijos en una sentencia prevista para septiembre.

Profesores, informáticos del IB-Salut, Policía Local de Palma, enfermeras, técnicos de mantenimiento de Cort, funcionarios del Ayuntamiento de Andratx y personal del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IB-SalutPalmaAndratxIMASson algunos de los colectivos afectados. Medio millar de estos interinos han tramitado sus demandas a través del letrado Andrés Buades de Armenteras, el despacho que más casos aglutina, aunque no son los únicos.

El tiempo apremia para los interinos del IMAS, convocados a un proceso de oposiciones que se celebrará el 14 y el 21 de septiembre. Casi doscientos de ellos -algunos con entre quince y veinte años en situación de interinidad- han solicitado la anulación del proceso. Alegan que tras la sentencia del TJUE pueden producirse duplicidades de aspirantes para una misma plaza: el que la haya ganado aprobando las oposiciones, y el que la haya logrado tras un eventual fallo favorable del TJUE.

Incertidumbre en el IMAS

El IMAS ha rechazado aplazar el examen porque, según argumentó su presidente Javier de Juan en un escrito dirigido a los trabajadores afectados, "implicaría la posibilidad de la impugnación de toda la convocatoria" y, por tanto, "el inicio de un nuevo procedimiento y la posible pérdida de esta oferta de ocupación pública". Asimismo, recuerdan el coste en indemnizaciones que el Consell tendría que abonar para cesar a unos trabajadores que posteriormente, y con el aval del TJUE, tendrían que ser contratados nuevamente.

Los interinos viven la situación con "incertidumbre" tras llevar todo el verano estudiando. Argumentan que pueden perder una plaza que han ocupado durante años -algunos incluso décadas- y subrayan que en estas condiciones no se garantiza la igualdad de oportunidades entre los aspirantes. "El tribunal calificador está compuesto por los compañeros de trabajo de los futuros aspirantes, lo que implica una evidente -e inevitable- parcialidad", subrayan en la demanda.

Un fallo favorable del TJUE no se traduciría en una conversión inmediata de personal interino en indefinido. La sentencia sería de obligado cumplimiento, pero cada Estado miembro tendría un plazo de tiempo para adaptarla según sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Directiva europea

Solo podrán acogerse a una eventual conversión quienes hayan estado en una situación de interinidad durante un mínimo de tres años. Aspiran a que se les reconozca como personal indefinido.

En todo caso, los trabajadores afectados tienen pocas dudas de que habrá un pronunciamiento favorable. Se basan en una directiva europea de 1999 que prohíbe el abuso de la temporalidad tanto en el sector público como en el privado; y da instrucciones para que cada Estado sancione a los empleadores que incurran en ese abuso.

Son miles los interinos de todo el Estado que se han organizado para interponer demandas colectivas contra sus respectivos empleadores públicos. Consideran que están "en fraude de ley" al perpetuarse durante años y de forma interina en un puesto de trabajo permanente.

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