­Estigmatizados. Discriminados. Desamparados por la ley. Así sienten que se encuentran sus canes los dueños de los llamados perros potencialmente peligrosos (PPP), que cargan contra una normativa (la ley que regula su tenencia) que consideran injusta, incompatible con el bienestar animal, pensada "para sacar dinero", que convierte en una auténtica odisea tenerlos de mascotas y que a su juicio no pone el foco en la principal causa del problema: su cría ilegal. "Cualquier perro puede ser peligroso", insisten, para defender que lo puede hacer a un can peligroso no es la raza, sino su dueño.

"Un perro no nace malo. Si un perro te ataca es porque le han enseñado a atacar", explica Xisca Riera, propietaria de cuatro pitbulls y voluntaria de la asociación animalista Son tu familia, dedicada a rescatar y ayudar a los PPP. Los conoce bien. "Esta raza con las personas son adorables. Algunos por instinto pueden tener pautas negativas o agresivas con otros animales pero casos de ataques a gente yo no he encontrado ninguno", cuenta. "El pitbull es un perro niñera. Su instinto no es el que están vendiendo. No hay perro malo, hay personas malas", detalla Mónica Garrido, propietaria de dos pitbulls y también voluntaria de Son tu familia: "Yo siempre saco a pasear a PPP y nunca he tenido un problema con ninguno. El único perro que me ha dejado cicatrices ha sido un chihuahua", apunta.

Mirada de amor incondicional de Nala a Gregorio.

A la defensa de estos canes se une Gregorio Megías, propietario de Nala, mezcla de Rottweiler con presa canario. "Es una santa, en casa es como si no estuviera. De peligrosa solo tiene haber sido incluida como PPP", detalla. Megías relata cómo al llevar bozal, obligatorio por ley, la perra no disfruta de los paseos. "Se retrotrae mucho, no interactúa igual con otros animales, ni la gente reacciona igual: piensan que han hecho algo malo y que por eso lo lleva", lamenta. "Es como si un culturista por ser tíos grandes y cachas les obligaran a ir por la calle con las manos atadas", compara.

"Un castigo"

"Los perros lo ven como un castigo. Ellos se conectan por el olor y con bozal no pueden olerse bien ni socializar. Es un maltrato", dice Riera. "Mi Byron es un peluche. Pero con bozal parece que estás sacando a Hannibal Lecter", sentencia Garrido, quien incide en que la ley obliga a llevarlos con correa y bozal en parques caninos, incluso aunque no haya nadie. "¿De qué sirve llevar a tu perro a un pipicán a que se desahogue si no va poder correr si no corres tú con él? Les perjudica porque no les deja que se relacionen con los demás perros", resalta.

"Los pitbull son perros niñera", cuenta Garrido. Aquí Hela ejerce además de almohada.

Pero la lista de agravios que sufren quienes poseen estos animales no acaba ahí. Riera relata que la ley le prohíbe sacar a sus cuatro perros a la vez, a pesar de tener su licencia. Y que con el trabajo, se hace complicado pasearlos uno por uno. "Se puede perder toda una mañana para sacarlos como toca", insiste Garrido, que ha tenido el mismo problema. ¿Si me has dado una licencia por qué no me dejas sacarlos juntos?", se pregunta Riera, quien censura además que la normativa obligue a sacarse este permiso a todo aquel que lo vaya pasear. "Si yo estoy enferma mi hijo no lo puede sacar porque no tiene licencia. Así que el perro no pasea, porque si no él se la juega", señala. "Si tienes cuatro hijos necesitas cuatro licencias. No es justo", critica Riera, quien aboga por un sistema en que haya una licencia por familia.

Pero si ser dueño de un PPP supone un cúmulo de complicaciones, más ardua y frustrante es la labor del voluntario que intenta dar con un hogar a estos perros abandonados en Son Reus (suponen un 80% del total, según indican). "Son los más desvalidos. Precisamente, los perros que necesitan más ayuda son los que más trabas les ponen", resalta Garrido, quien confirma que la normativa solo ha conseguido dos cosas con estas razas: que tengan mayor tasa de abandono y más tasa de sacrificios. De hecho, la actual lista de condenados a muerte la copan PPP.

Cuenta cómo muchas adopciones que están casi cerradas se frustran en el último momento cuando se les habla de la licencia: "La gente se echa para atrás". La burocracia y el alto coste no facilitan las cosas. Y detalla cómo si alguien se decide a dar el paso y adopta a uno de estos animales solo va a toparse con escollos. Deben sufragar la castración y el coste por día en Son Reus -5,60 euros- hasta que le concedan la licencia, que lleva su tiempo, y también cuesta lo suyo.

Así, los propietarios de un PPP deben pagar un alto precio para disfrutar de sus mascotas, que puede alcanzar cotas desorbitadas en caso de que sean sancionados por saltarse la ley, de hasta 15.000 euros por infracciones muy graves. "Es una auténtica barbaridad, denuncia Riera, quien lamenta que se criminalice a estos canes y no se actúe contra el auténtico foco del problema: la cría ilegal y sin control. En este sentido, subraya que en Mallorca prolifera la gente que hace negocio a costa de estos perros, algo también penado por la ley, pero contra lo que, lamenta, nadie actúa. "Internet está lleno de anuncios de venta de estos animales. Nosotros hemos llamado y comprobado que se trataba de criadores ilegales y lo hemos denunciado, pero nadie hace nada. Licencias para qué, si no controlan las camadas", critica. Así, la historia suele repetirse. "Les compran estos perros que de cachorros son muy bonitos, pero luego no los saben educar o tienen que afrontar los gastos de la licencia y no lo pueden pagar y los acaban abandonando", deplora Riera. Pero la historia puede ser peor: la crianza de estos canes para peleas ilegales. "Se sabe perfectamente dónde se hacen, pero no se va", aclara Garrido, que detalla el gran trabajo de educación que deben hacer con ellos cuando son abandonados porque ya no les sirven. Aunque tiene claro quién es el responsable de la agresividad que puedan tener: "La culpa no es de ellos, sino de las personas que los han puesto a pelear".

"El psicotécnico no sirve de nada. Es para echarte a llorar"

Puesta la administración a exigir a los propietarios de PPP una costosa y engorrosa licencia, propietarios y animalistas coinciden en pedir que al menos sea efectiva. "Pagar un seguro y no tener antecedentes penales no te convierte en una persona responsable que educará bien a su perro", advierten. En este sentido cargan contra el certificado de aptitud psicológica que se requiere: "No sirve de nada, te lo van a firmar igual. Y el test es ridículo, las preguntas son para echarse a llorar", apuntan. También censuran el examen que debe pasar el animal. "Los PPP sociables con personas, por lo que en una revisión de unos minutos con el veterinario, sin interactuar con otros canes, no se va a detectar agresividad".