La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación contra dos empresas del exideólogo de Més y exculpado en el caso Contratos, Jaume Garau, por, supuestamente, formar parte de un cartel de consultorías españolas que se repartieron, durante años, contratos públicos y trabajos privados.
La CNMC lleva meses investigado este caso y en un primer acuerdo decidió abrir expediente disciplinario a 25 consultorías y ocho de sus directivos. Entre las empresas bajo sospecha se hallaban Consultores de Políticas Comunitarias S.L. y Regio Plus Consulting S.L., dos de las sociedades con las que Garau, un experto consultor e investigador demoscópico, ha trabajado en los últimos años. Estas dos consultoras fueron investigadas por el juez Enrique Morell y la fiscal anticorrupción Clara Lago en el caso Contratos, el supuesto trato de favor Garau.
Morell archivó, el pasado 4 de marzo, la causa contra Garau y otros exdirigentes de Més (Ruth Mateu, Jaume Gomila, Josep Ramon Cerdà y Pere Muñoz), al estimar no acreditado ese presunto trato de favor al excoordinador de la campaña electoral del partido ecosoberanista.
Más expedientadas
El pasado viernes la CNMC amplió el número de sociedades expedientadas a otras 11 y también centró sus pesquisas en otros dos directivos. En total el hipotético cartel estaría integrado por 36 consultoras y 10 de sus ejecutivos.
Según el organismo que vela por la libre competencia y el correcto funcionamiento de los mercados, en octubre del año pasado se giraron inspecciones a varias de las sociedades, entre ellas Regio Plus Consulting.
Entre los ejecutivos a los que se supone responsables de los pactos ilegales se halla un directivo de Regio Plus. Jaume Garau es, según el auto de archivo del caso Contratos, administrador solidario de Consultores de Políticas Comunitarias y Regio Plus.
Algunas de las empresas expedientadas son importantes consultoras de ámbito nacional e internacional y otras son pequeñas sociedades.
Las empresas supuestamente compinchadas son: Abay Analistas Económicos; Altia Consultores y su matriz Boxleo TIC; BmasiI Strategy; Competitividad Desarrollo e Innovación, Consultores de Políticas Comunitaria; Deloitte Consulting, Deloitte Financial Advisory y su matriz Deloitte Financial Advisory; Gestiona XXI Consulting, Gizarpro, Idom Consulting, Engineering, Architecture y su matriz Idom, Indra Sistemas, Innovisions 21; Oesia Networks y su matriz Heisenberg 2014; Pa Consulting Services Limited Sucursal en España y su matriz Pa Consulting Services Limited; PwC Asesores De Negocios; Red2Red Consultores; Regio Plus Consulting; T-Systems ITC Iberia y su matriz T-Systems International GmbH; 97S&F, Transformation Agency, S.L., Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo, S.L., Indra Business Consulting, KPMG Asesores; Uliker, Everis Spain; Factor Ideas Integral Services; Gaps Política i Societat;y The cty Transformation Agency.
Según Competencia, el hecho de aparecer como investigado no presupone la culpabilidad. La comisión dispone hasta agosto del año que viene para tomar una decisión sobre el presunto cartel de las consultorías.
Ofertas ficticias para concurrir a concursos entre 2009 y 2018
Los cargos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) imputa al mallorquín Jaume Garau y a otro rosario de consultores españoles son los de "repartirse el mercado nacional de los servicios de consultoría, especialmente en diversas licitaciones públicas". De acuerdo con la comisión, los sospechosos habrían "presentado ofertas ficticias para concurrir de forma concertada a licitaciones entre los años 2009 y 2018" y así uno de ellos, el escogido, resultar ganador. Los integrantes del cartel habrían hecho también "intercambios de información" para repartirse "contratos de diversa índole en el territorio nacional".
La CNMC ha informado de que los investigados pueden ser multados con hasta el diez por ciento del volumen total de sus negocios, un cifra que sería millonaria.
Si se confirman las sospechas, los infractores también pueden ser sancionados con la prohibición de contratar con el sector público, que supone buena parte de sus ingresos.
"Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción grave de la legislación de competencia", recuerda la CNMC.
