Los propietarios del criadero de tortugas de Llucmajor que se enfrentan a una acusación de tráfico de especies protegidas y blanqueo de capitales lamentan que la causa, que investiga el juzgado de Instrucción número 5 de Palma, "se está eternizando". Mientras tanto, el Estado gasta una media de veinte mil euros al mes para afrontar la alimentación del millar largo de ejemplares que permanecen custodiados en Natura Parc desde su incautación por la Guardia Civil en junio de 2018.
Así figura en las facturas que el zoo ubicado en Santa Eugènia envía al ministerio de Justicia con periodicidad mensual. Los recibos constatan otra realidad: decenas de tortugas, la mayoría de ellas protegidas, han muerto.
La primera factura generada por Natura Park, el pasado mes de septiembre, se censaban 1.382 ejemplares y fijaba un importe de 19.776 euros en concepto de gastos de alimentación. En mayo, el número de tortugas referidas en la factura había descendido hasta los 1.067 ejemplares, 315 menos.
"Es una tomadura de pelo. Natura Park está ingresando una cantidad altísima cada mes pese a que el día del registro se llevaron comida para alimentar a las tortugas durante un año", denuncian Marcel Walz y Monja Ashauer, propietarios del criadero y dos de los principales investigados en la causa.
Natura Park, por su parte, declinó ofrecer su versión a preguntas de este diario: "Nosotros solo somos depositarios de las tortugas como centro autorizado. En todo caso la causa está en fase de instrucción y no haremos comentarios".
La mayoría de las tortugas requisadas -tanto acuáticas como terrestres- son carnívoras y se alimentan preferentemente de ratones y langostinos.
Hasta la fecha únicamente han sido devueltas a Walz y a Ashauer una quincena de tortugas sobre las que no pesa ningún tipo de protección. "Requisaron medio centenar de ejemplares de esa tipología y nos devolvieron quince. Reclamamos el resto y Natura Park comunicó a nuestro abogado que habían fallecido", lamenta Ashauer.
En un escrito enviado al juzgado, el zoológico informó de que todavía estaban bajo su custodia algunas crías no protegidas, pero para devolverlas solicitaba "la colaboración de un experto en la materia" porque resultaban "difícil de identificar".
"Asumimos que la mayoría están muertas, pero exigimos que nos devuelvan los cadáveres para poder hacer una necropsia y reclamar al Estado por esas muertes", advierte Ashauer.
El juzgado no ha accedido todavía a devolver a los germanos las tortugas que cuentan con algún nivel de protección (CITES I, CITES II y CITES III), que forman el grueso de los ejemplares incautados. Y la preocupación de los germanos va en aumento al comprobar que en cada factura generada por Natura Park el número de tortugas va decreciendo.
"Llevamos más de un año de instrucción y no sabemos cuántas quedarán cuando todo esto acabe. Estamos sufriendo un gran perjuicio pese a no haber cometido ninguna ilegalidad", asumen los dos alemanes.
Walz y Ashauer conservan unas doscientas tortugas en la finca de Llucmajor en la que siguen residiendo. Gran parte de la parcela sigue ocupada por grandes bidones negros que albergaban a los ejemplares requisados. También mantienen pequeñas superficies cercadas que habitaban los ejemplares de tierra. "Es mi pasión. No pienso dejar de criar pese a todo", sentencia Walz.
Una manutención muy costosa tras más de un año de instrucción
Natura Parc genera facturas con periodicidad mensual que envía al ministerio de Justicia para que se haga cargo de la alimentación de las tortugas que tiene en custodia al ser un centro colaborador de la administración de justicia. Los recibos tienen importes cercanos a los 20.000 euros y en ellos se constata que cada el número de ejemplares vivos va disminuyendo cada mes.
