22 de agosto de 2019
22.08.2019
Investigación

Reclaman un millar de tortugas incautadas en un registro contra el tráfico de animales

Los propietarios de un criadero de Llucmajor, imputados por contrabando de especies protegidas, subrayan su inocencia y exigen la devolución de 1.300 ejemplares requisados hace un año - "Solo criamos, nunca las hemos comercializado", afirman

22.08.2019 | 00:21

Marcel Walz y Monja Ashauer reclaman un millar de tortugas que la Guardia Civil les incautó en junio de 2018 por orden judicial y que desde entonces permanecen custodiadas en las instalaciones de Natura Parc con un coste de unos 20.000 euros mensuales de manutención. Los investigadores afirmaron entonces haber desarticulado "una de las mayores organizaciones a nivel internacional dedicada al tráfico ilegal de especies amenazadas de tortuga". Ha pasado algo más de un año y, con el caso todavía en fase de instrucción, estos dos alemanes residentes en Mallorca subrayan su inocencia

"Hay gente que colecciona sellos y Marcel colecciona tortugas desde que tenía 9 años, cuando sus padres le regalaron dos ejemplares y se apasionó. Desde entonces las cría, pero nunca las ha comercializado ni las ha enviado a ningún sitio", subraya Ashauer.

La pareja vive en la finca de Llucmajor que agentes de la Guardia Civil registraron durante casi dieciocho horas el 27 de junio de 2018 en colaboración con técnicos de la Fundació Natura Parc. El registro se saldó con la incautación de 1.100 ejemplares y 750 huevos, además de con la detención de Walz y Ashauer, que pasaron dos semanas en prisión.

Hay otras cuatro personas imputadas en la 'operación coahuila', denominada así por una de las especies de tortuga incautadas: los padres de Walz y dos trabajadores de una tienda de reptiles de Barcelona. Se les acusa de presuntos delitos contra la fauna silvestre, contrabando de especies protegidas y blanqueo de capitales.

"La investigación ha sido una chapuza. En diciembre de 2016 Marcel compró ocho tortugas en una feria de reptiles en Alemania y le llevó los animales a un amigo que tiene una tienda en Barcelona. Después él nos las envió desde allí", afirma Ashauer.


Hay varios cercados para especies de tierra, ahora vacíos. N. B.

Dos de esas tortugas estaban calificadas como CITES I (nivel de máxima protección que se asigna a especies consideradas en peligro de extinción). Las otras seis eran CITES II, un nivel de protección menos estricto. "En enero de 2017 agentes del Seprona se las llevaron argumentando que las habíamos importado de un tercer país y que los papeles de la compraventa no cuadraban. No encontraron nada y al cabo de una semana nos las devolvieron", explica la germana.

Transcurrió un año y medio sin nuevos encontronazos con las autoridades, hasta el registro y detención de junio. "Marcel sacaba las tortugas una a una y le decía al letrado del juzgado a qué especie correspondían. Luego ellos lo comprobaban en Google. Así estuvieron hasta la madrugada, cuando nos dijeron que quedábamos detenidos", evoca la alemana.

Un año largo después, la pareja ha perdido la paciencia y reclama en torno a 1.300 tortugas -mientras permanecían en prisión, los agentes se incautaron de varias decenas de ejemplares-.

Fuentes de la Guardia Civil subrayaron que la investigación "sigue adelante", aunque va despacio porque están pendientes de recibir nuevos informes de CITES sobre las tortugas.

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