En la historia judicial balear no se recuerda otro caso similar. Hasta la fecha, se había visto alguna abstención de algún magistrado, alguna recusación puntual, pero jamás hasta cuatro abstenciones por amistad de jueces en el marco de una causa no exenta de enemistades sobrevenidas. El caso Cursach que nadie quiere asumir, lo ha conseguido y todavía no ha acabado.
La onda expansiva del magnate no sólo ha salpicado a políticos, funcionarios y policías, también ha violentado las relaciones de la judicatura. En esta guerra sin cuartel, el juez Manuel Penalva, que asumió el caso al marcharse la primera instructora a un nuevo destino en la Audiencia de Palma, y el fiscal Miguel Ángel Subirán han sido objetivo prioritario de la defensa del empresario, que no sólo ha conseguido apartarlos de la investigación sino que además los ha convertido en objeto de investigación.
El asunto incomoda hasta el punto de que se han sucedido cuatro abstenciones. La primera la solicitó el juez Antoni Garcías, del juzgado de Instrucción 7. Alegó amistad con la secretaria de su juzgado, casada con un policía local de Palma que se vio implicado en el caso y estuvo un año en prisión preventiva. La segunda fue de Antoni Rotger, de Instrucción 8, quien mantenía una estrecha relación con el juez Manuel Penalva. La tercera la realizó el juez Enrique Morell, alegando también amistad manifiesta con Penalva. En este caso, hubo una queja del Consejo General del Poder Judicial, al constatar que previamente había intervenido sin problemas en otra causa que afectaba a su colega Penalva y a Subirán contra el letrado Coco Campaner. La cuarta abstención ha llegado con la jueza Raquel Crespo, que alega amistad con el fiscal Subirán, quien circunscribe su relación a temas profesionales.
Por el contrario, otros compañeros de profesión con los que el fiscal Subirán ha mantenido una estrecha relación no sólo no se han apartado de la causa sino que además han mantenido un papel activo contra los investigadores del caso Cursach. Durante 22 años, Subirán fue fiscal del juzgado de Miguel Florit, el magistrado que asumió el caso tras ser orillado Penalva. Fue él quien dio luz verde a la incautación de los móviles a periodistas para dar con la fuente de un informe que cifraba en 51 millones de euros el montante defraudado al fisco por el imperio Cursach y que más adelante fue desechado por la Agencia Tributaria.
El fiscal Anticorrupción Juan Carrau que apoyó esa operación auspiciada desde la policía y reprobada por colectivos periodísticos, mantenía una estrecha relación con su subordinado Subirán. Eran amigos desde sus inicios en la Fiscalía, habían compartido muchos momentos de ocio a lo largo de su vida, salidas de fin de semana y vacaciones en destinos como Grecia, Estambul, Praga, Eivissa y distintos enclaves de la península.
La relación se truncó con el caso Cursach, que con el devenir de los acontecimientos ha colocado a Juan Carrau como investigador de las andanzas de Miguel Ángel Subirán. Sin embargo, ni Florit, ahora de baja, ni Carrau, que sigue en activo en la causa del magnate, han planteado abtenciones por amistad o enemistad sobrevenida.
