El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán iban ayer a ratificarse, de forma voluntaria, en la querella contra la cúpula policial del caso Cursach por falsedad documental y se encontraron con la abstención de la jueza Raquel Crespo para seguir su causa.

Al llegar a las once de la mañana, les informaron de que la magistrada había pedido a última hora de la mañana del día anterior abstenerse en la causa "por amistad manifiesta" con el fiscal Subirán. Mientras la Audiencia no resuelva esta petición, el asunto sigue dormido.

En la querella dirigida contra el exjefe superior de la Policía, Antonio Jarabo, el inspector Antonio Suárez y el comisario José Luis Santafé, se relataba cómo se pidió a un policia que imputara a Subirán la filtración de un informe económico lesivo para Cursach que cifraba en 51 millones su fraude al fisco y que más tarde la Agencia Tributaria desechó. El agente se negó pero otros aceptaron el trabajo, dos inspectores conocidos como 'los Juanes', según recoge la querella. Ambos han sido ascendidos recientemente.

"Padecemos una absoluta indefensión. Se pasan la pelota unos a otros y nadie quiere asumir la causa.nadie quiere asumir la causa Llevamos casi seis meses sin acceso a ningún documento, es algo inaudito. No se había visto algo así nunca con ningún investigado, no siendo la causa secreta", lamentó ayer Subirán, sorprendido por los motivos alegados por la jueza. El fiscal circunscribe su relación al "ámbito profesional, con un roce similar al que puede tener con otros colegas de la judicatura".

Otras abstenciones

La situación vivida ayer no es nueva. Hasta la fecha, en el marco del caso Cursach, se han producido las abstenciones, por distintas razones, de los magistrados Antoni Garcías, Antoni Rotger y Enrique Morell. Este último mereció una queja del Consejo General del Poder Judicial por haber esgrimido una amistad que no le privó antes de intervenir en otro litigo que Penalva y Subirán tenían como contrario al abogado Campaner, el organizador de las manifestaciones contra ellos y en favor de los intereses de Cursach.

Las denuncias de filtraciones han sido una constante en la causa de Cursach. Su brazo derecho, Bartomeu Sbert, dirigió varias denuncias por este extremo al juez Penalva, quien siempre le instó por escrito a que pusiera una denuncia en el juzgado de guardia para que el asunto lo investigara otro juzgado, ya que todos los funcionarios que intervenían en la causa podrían ser sospechosos, incluido él mismo y el fiscal Subirán que no podían investigarse a sí mismos. En el caso de la filtración del informe de económico de Cursach, Subirán no entiende que el magistrado Florit no haya actuado del mismo modo cuando el polémico documento obraba en su poder, el de Juan Carrau y el de la propia policía que lo elaboró. Tampoco alcanza a entender que su superior llevara además un año investigándole a él, y que, tras ser apartado del caso Cursach, sea el propio Carrau quien lidere el trabajo de la fiscalía en este asunto.

Meses después de su divulgación en prensa, Penalva y Subirán siguen sin haber recibido el informe de otra filtración, la de las conversaciones de whatsapp con sus compañeros de investigación del caso Cursach que llevaron a solicitar su imputación.

El caso Cursach, que persigue una trama corrupta de políticos, policías y funcionarios, ha conseguido hasta la fecha dos condenas para el magnate y quebrar la confianza entre policías, jueces y fiscales, profesionales que en el pasado colaboraron en la lucha contra la corrupción y que ahora andan a la gresca entre ellos.

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