La acción firme de la Audiencia de Palma contra la corrupción impresionó al Supremo, hasta el punto de colocar bajo una lupa exigente las sentencias llegadas de Mallorca. Verbigracia, los seis años de Jaume Matas reducidos a nueve meses, cuando el PP era el ingrediente sustancial del bipartidismo.
El Supremo avalaba simultáneamente y en su integridad las condenas a Maria Antónia Munar o a la banda del Cola Cao, pero este año se ha registrado un giro copernicano en la dureza relativa entre ambas instancias. Por primera vez, Madrid endurecía una condena remitida desde Mallorca, y le añadía a Matas siete meses por tráfico de influencias en el vodevil de la Ópera retráctil en tantos sentidos de Calatrava.
Judicialmente, la corrupción no es hoy un buen negocio, y esta constatación elemental admite que hubo tiempos más benévolos. Sobre todo, la estupefacción se antepone al impacto de las condenas. José María Rodríguez, Matas o Munar jamás hubieran imaginado que un juez tuviera derecho ni Derecho a examinar su gestión. Habían desarrollado una invulnerabilidad avalada por numerosos precedentes.
Lo importante no es el obligado recurso de Rodríguez ante sus mil y un días de prisión, sino la sentencia en sí misma. Ni siquiera quienes han condenado a la cúpula de la política balear en la pasada década pueden abarcar la inmensidad del poder que ejerció. De ahí que el intocable secretario general del PP se permitiera interrogar al jefe de la Guardia Civil sobre la veracidad de la investigación a que estaba sometido, precisamente en el caso Over Marketing. Los gobernantes seguirán actuando al margen de la ley porque está en su naturaleza, como el famoso escorpión. Pero ya no se sentirán por encima de la ley.
