La Fiscalía de Balears está actuando con un doble rasero frente a las "filtraciones" publicadas en el caso Cursach. Por un lado, el fiscal Juan Carrau impulsó la investigación para localizar al funcionario que facilitó a la prensa el informe económico del magnate de la noche que apuntaba un delito fiscal de 51 millones de euros antes de que lo tuviera el afectado. Apoyó después la incautación de los teléfonos de dos periodistas que escribían del caso. Ahora, sin embargo, su compañero Miguel Ángel Anadón cree que no es delito que se hayan publicado en prensa el contenido exacto de los whatsapp de Penalva y Subirán con su equipo de investigación del caso Cursach. Estas conversaciones se describen en el atestado policial, que el juzgado todavía no ha notificado a los afectados.

Tampoco el criterio de los jueces ha sido el mismo frente a las "filtraciones" a la prensa, tantas veces denunciadas por Cursach. El juez Florit ordenó intervenir los móviles de los periodistas, entre ellos el del DIARIO de MALLORCA, en un intento de localizar las fuentes informativas. Su colega el magistrado Enrique Morell, por el contrario, se niega a perseguir la divulgación en prensa de las conversaciones de whatsapp porque entiende que no existe delito al tratarse de una investigación que no es secreta. Cuando se publicó el contenido del informe económico del Grupo Cursach la causa tampoco era secreta. Esta medida se adoptó después.

El juez Morell se ha pronunciado sobre una denuncia del fiscal Subirán, que supo por la prensa del contenido del informe policial, antes de que se le notificara a él como afectado. Morell ha constatado que ese informe sobre Penalva y Subirán se entregó en el juzgado el día 3 de abril. Sin embargo, ese día ya se publicaba en prensa escrita que la Policía pediría la imputación formal del juez y del fiscal del caso Cursach. Dicho documento, así como la descripción exacta de los mensajes, se les notificó a los afectados al día siguiente.

Coincidiendo con el criterio del fiscal Anadón, el juez Morell señala que no se puede atribuir esta "filtración" a los policías que realizaron el atestado. En cualquier caso, el magistrado resta importancia a esta situación, pues señala que una "filtración" realizada por un funcionario en una causa judicial no secreta solo se castiga con multa. Sin embargo, el juez Florit no actuó del mismo modo ante la divulgación del informe económico de Cursach. A instancias del fiscal Carrau, ordenó la incautación de los teléfonos a los periodistas y además amparó el arresto de dos policías de blanqueo, al sospechar que ellos eran la fuente informativa.

La jueza Felisa Vidal, en uno de sus autos, reprochó a la fiscalía Anticorrupción que en los informes que justificaban la captura de los teléfonos, "ni tan siquiera se mencionaba el secreto profesional de los periodistas" y que incluso "se descarta su existencia por no estar expresamente contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ignorando la previsión constitucional del art.20 de la Constitución Española". En cambio, el juez Morell y el fiscal Anadón sí contemplan este derecho en sus escritos sobre la divulgación de los whatsapp. Ambos destacan el papel de "perro guardián" que representa la prensa en un estado democrático. La decisión de Morell fue recurrida por el fiscal Subirán, que denunció la publicación en prensa de un nuevo informe policial con la transcripción íntegra de los whatsapp. Este atestado está guardado en la caja fuerte del juzgado y, a día de hoy, aún no ha sido notificado a los afectados. El informe no es secreto, pero sí es "reservado". Sin embargo, Morell se ha ratificado en su decisión y ha rechazado el recurso.

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