Tras la tormenta desatada por las facturas por asesorías que cobró la cúpula de Vox en Baleares, la dirección nacional del partido ultraconservador cierra filas en torno a Jorge Campos y apuntan a una "maniobra de intoxicación" iniciada "con el objetivo de dinamitar" al partido en las islas, por lo que anuncian su intención de llevar estos hechos ante la justicia.

Esta semana, digital 'Ok Diario' informó de que miembros de la dirección de Actúa Baleares, socio de Vox en el archipiélago, aprovecharon las donaciones de particulares para la campaña electoral del 28 de abril para recibir sueldos camuflados en forma de asesorías simuladas.

La formación liderada por Santiago Abascal ha expresado, mediante un comunicado remitido a los medios, "su apoyo total y sin fisuras" al Comite Ejecutivo Provincial de Vox Baleares y a su líder, Jorge Campos.

Vox, ante la publicación de lo que consideran "informaciones inciertas y malintencionadas", anuncia que denunciará "las calumnias e injurias" vertidas sobre ellos en las últimas horas para que sea "en los tribunales y no en los medios de comunicación donde se haga justicia de verdad".

Además, aseguran que pondrán en marcha una investigación interna para depurar responsabilidades "por esta maniobra de intoxicación iniciada con el objetivo de dinamitar el 'proyecto Vox' en Baleaeares". Así, explican que el Comité de Garantías del partido analizará las responsabilidades de "quienes de forma intencionada, o incluso de buena fe, han participado en este intento de voladura del partido".

La polémica saltó una semana después de que trascendiera la dimisión de la número cuatro del partido y tesorera, Nuria Díez, cuando se publicó que la cúpula de Vox cobró mediante facturas por "asesorías jurídicas" que no se habrían llevado a cabo. Por este concepto, el líder de la formación, Jorge Campos, habría cobrado 2.350 euros al mes. Algo más de lo que habría facturado el secretario general Rodríguez Farré, a razón de 2.000 euros al mes cuando, sin embargo, no tiene ningún tipo de formación jurídica. Contestí habría ingresado 1.600 euros al mes por el mismo concepto y Ribas, 1.000 al mes. Estas dos últimas, como Campos, sí son abogadas de formación. No es el caso del quinto miembro del partido que cita la información, la concejal Sandra Barceló, que habría ingresado 2.000 euros al mes, también por "asesoría legal".

La crisis se agravó con la salida de Malena Contestí del partido. La número uno de la formación en las elecciones del pasado 28 de abril y una de las 24 diputadas con las que cuenta Santiago Abascal en la cámara baja, decidió dejar todos sus cargos en la cúpula de Campos y romper con los ultraconservadores por la crisis de las facturas.

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