Un juzgado de instrucción tiene sobre su mesa una querella presentada por el juez Penalva y el fiscal Subirán (que llevaron el peso de la investigación del caso Cursach), contra tres altos mandos de la Policía Nacional de Palma, a los que acusan de un delito de falsedad documental. En concreto, acusan a los policías de pretender atribuirle falsamente al fiscal Subirán una filtración a la prensa de un informe económico sobre los negocios de Cursach. Los tres mandos policiales habrían trasladado una orden a un subinspector del Grupo de Blanqueo, para que manipulara la conclusión de una investigación para descubrir al autor de la filtración. Sin embargo, el funcionario se negó a acatar dicha orden. La querella se dirige contra el exjefe superior, Antonio Jarabo, el comisario José Luis Santafé y el inspector Antonio Suárez. El único que en estos momentos sigue en la Jefatura es Santafé. Jarabo fue cesado de jefe superiorJarabo fue cesado de jefe superior y Suárez se jubiló. Nunca hasta ahora un juez y un fiscal se habían querellado contra la cúpula de la Policía Nacional, imputando un delito tan grave.

La querella se refiere a una reunión interna, celebrada en el despacho del jefe superior, que tuvo lugar en el mes de julio del año pasado. Este encuentro se celebró poco después de que la Policía recibiera un oficio del juzgado. El juez Florit ordenaba que se averiguara quién había facilitado a la prensa el informe policial antes de que el juzgado lo notificara a los afectados. Esta investigación policial fue la que después culminó con la orden de incautar los teléfonos móviles a dos periodistas que escribían sobre el caso Cursach.

Antes de que se encomendara el caso a dos inspectores (los Juanes) internamente se realizaron una serie de averiguaciones, que apuntaron hacia la persona que podría haber filtrado el informe. Es decir, ya existía la sospecha de que la filtración a la prensa había salido desde la propia Policía.

El subinspector del Grupo de Blanqueo acudió al despacho del jefe superior, tras ser citado por el inspector Suárez. En la reunión, según la querella, también estaba Santafé. A él se le atribuye la orden que se le comunicó al subinspector para que investigara la petición del juzgado y concluyera en su atestado que el autor de la filtración había sido el fiscal. El subinspector preguntó a qué fiscal se refería y recibió por respuesta que se trataba de Subirán, el único que seguía al frente del caso. El juez Penalva ya había sido apartado y el jefe del Grupo de Blanqueo había pedido otro destino, al igual que el agente que había llevado el peso de la investigación, y que era el principal enlace con las víctimas del caso. El subinspector se negó a cumplir la orden. Jarabo dio por terminada la reunión, anunciando que consultaría la situación en Madrid. Días después se encomendó el caso a dos inspectores, que atribuyeron en su informe graves delitos a Penalva y Subirán, acusándoles de formar una organización criminal para perseguir a Cursach.

El Juez y el fiscal creen que el episodio que denuncian ahora describe los intereses ocultos que hubo para que no siguieran investigando el caso Cursach.