El juez Penalva y el fiscal Subirán llevan meses callados, sintiéndose víctimas de una campaña de desprestigio. La Policía les atribuye haber formado una organización criminal, junto a los funcionarios del Grupo de Blanqueo, para conseguir la condena del empresario Cursach, así como de los policías locales de Palma que están acusados de graves delitos. Esta situación llevó a los dos funcionarios a solicitar la baja laboral. Ahora, sin embargo, han decidido pasar a la ofensiva para defender su honor y sobre todo su inocencia. Quieren demostrar en los tribunales los intereses ocultos que hay detrás de los informes policiales, en los que se les imputa graves delitos. Penalva y Subirán ponen nombre y apellido al inspector que, según ellos, está actuando por venganza, aunque ello represente dinamitar todo el caso Cursach, sin importarle lo más mínimo los graves delitos que se están investigando, como por ejemplo la utilización de la Policía Local para perjudicar a los establecimientos de la competencia o el soborno a políticos y funcionarios para proteger los negocios del magnate de la noche. La persona a la que atribuyen todas estas maniobras es Antonio Suárez, un inspector con gran influencia en la Policía, que ha mantenido un público enfrentamiento con sus compañeros del Grupo de Blanqueo, logrando que se cuestione el trabajo realizado en el caso Cursach.
A medida que fue avanzando la investigación de este caso, juez y fiscal tenían cada vez más claro que el empresario de la noche no se limitó únicamente a controlar a la Policía Local. Sospechaban, aunque no lo podían demostrar, que su influencia se extendía también a la Policía Nacional. Había un dato revelador: jamás se había producido un solo registro en un local del empresario, mientras que otros negocios de ocio nocturno sí habían sufrido redadas en busca de drogas. Además, varios testigos habían relacionado el nombre de Suárez con la trama, si bien eran indicios que no tenían la suficiente entidad para imputar al inspector.
Fuera de contexto
Juez y fiscal lo que pretenden es desmontar con pruebas concluyentes todos los informes que ha realizado la Policía para atribuirles graves delitos, acusaciones que se basan en la interpretación de unas conversaciones, a su entender sacadas de contexto, que mantenían los investigadores a través del whatsapp. Defenderán que eran conversaciones privadas entre un grupo de personas que llevaban tiempo trabajando juntas y habían forjado una relación de amistad. Por ello, era habitual que muchas frases se escribieran en un contexto de confianza y tono coloquial, por lo que una interpretación literal de las palabras puede resultar errónea.
También lamentan que se les acuse de tener especial interés en filtrar a la prensa el desarrollo de la investigación y que, en ese contexto, se desmantelara el Grupo de Blanqueo y se detuviera a cuatro de sus integrantes. Sin embargo, han constatado que las filtraciones sobre el caso han continuado, ya que tanto el juez como el fiscal se han enterado de las detenciones y del contenido de los informes policiales sobre ellos a través de la prensa, antes de su notificación. Les sorprende que nadie se haya preocupado por investigar de dónde proceden las últimas filtraciones publicadas en prensa, aunque tienen la sólida sospecha de qué persona de Jefatura está interesada en que se publiquen estas noticias para dinamitar el caso Cursach. De momento, Penalva y Subirán están pendientes de conocer el nombre del juez que estudie su caso y que, al menos, les dé la oportunidad de presentar las alegaciones con las que intentarán desmontar todas las acusaciones policiales.
