04 de agosto de 2019
04.08.2019
Diario de Mallorca
Financiación

El Govern, abocado a recortes y promesas incumplidas por el agujero de 500 millones

Hacienda pide a todas las conselleries que busquen durante agosto partidas de las que recortar - Los ajustes se llevarán también a 2020 y dejan en el aire las medidas que suponían más gasto, concentrados principalmente en Educación y Sanidad

04.08.2019 | 02:45

Los próximos cuatro años no tendrán nada que ver. La situación ha dado un giro. El tiempo de contratar más profesores, más personal sanitario, de aumentar ayudas sociales y de presumir cada año de presupuestos de récord de la pasada legislatura ha llegado a su fin. El freno al crecimiento de la economía ha pillado al Govern con el pie cambiado. El aumento del gasto en los últimos años, imprevistos, un exceso de optimismo y el bloqueo institucional en Madrid han provocado un agujero en las cuentas del Govern que ya va por los 417 millones de euros y que promete llegar a final de 2019 a los 500 millones. Un desajuste que aboca a recortes y promesas incumplidas por parte del Govern de Francina Armengol.

En el Govern no se habla de otra cosa. La nueva consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, está en el punto de mira ante la espinosa tarea que se le viene encima y con la que se ha puesto ya manos a la obra. A lo largo de esta semana la propia consellera ha informado a todos los departamentos de la situación financiera del Govern.

Una a una han sido citadas todas las conselleries. Después de semanas con partidas bloqueadas mientras se elabora el Plan de Equilibrio Financiero, la consellera Sánchez les ha pedido que busquen de dónde recortar. Todavía no hay números sobre la mesa más allá de ese montante total, pero ya todas las áreas saben que deberán aplicar la tijera en sus cuentas.

La tarea de la consellera Rosario Sánchez no es nada fácil después de cuatro años de aumento del gasto. El cóctel que ha heredado es explosivo. Unos presupuestos que hoy hacen agua ante el goteo de agujeros que se suman a la obligación de ajustes por el incumplimiento del techo de gasto en 2018.

Durante tres años, el 2015, el 2016 y el 2017, el Govern de Armengol hizo los deberes. Sobre la ola de un crecimiento económico, disparado en Balears por datos turísticos que fueron de récord en récord, la conselleria de Hacienda de Catalina Cladera cumplió con los tres objetivos de estabilidad, el déficit, la regla de gasto y la contención de la deuda, a la vez que aumentaba el gasto social y que el Pacto cumplía sus promesas de recuperación de derechos y mejora de los servicios.

La cosa se tuerce en 2018. Es durante el año pasado cuando se van confirmando diversas sentencias por la ley de medidas urgentes para la protección del territorio aprobada en 2008 por el segundo Pacto. Una norma que sirvió para paralizar la urbanización de 1.500 hectáreas y que recurrieron los promotores de proyectos al borde de su ejecución.

Las sentencias por esta ley han supuesto que Balears acabara financiando el aeropuerto de Ciudad Real, después de que la justicia diera la razón al promotor al que el Govern paralizó una urbanización en Eivissa y por la que las arcas de la comunidad tuvieron que indemnizarle con 86 millones de euros. En total, en sentencias por esta ley, Balears ha tenido que pagar 155 millones de euros por los que se vio obligada a aprobar un crédito extraordinario.

Las cuentas hacen agua


Las sentencias vaciaron el fondo de contingencia. Un fondo previsto para emergencias que un año antes Hacienda redujo de 38 a 20 millones por eso de '¿qué podría pasar?'. Entonces, a 15 kilómetros por hora el agua desbordada del torrente de ses Planes atravesó el Llevant en la peor catástrofe natural de la historia de Balears. Para hacer frente a las ayudas, el Govern se encontró con el fondo de contingencia vacío. A cero. Para las ayudas por la catástrofe, Hacienda aprobó la firma de otro crédito de 45 millones.

Las sentencias y la torrentada explican el grueso de los cerca de 240 millones en los que Balears acabó rebasando el techo de gasto, un incumplimiento por el que, automáticamente, Hacienda exige un plan de ajustes para corregir el exceso de esos 240 millones de 2018 en las cuentas de 2019. Un ajuste exigido de más de 200 millones que, sin embargo, no forma parte del ya famoso agujero de hasta 500 millones.

Llegó noviembre y el Govern tramitaba sus presupuestos en el Parlament. En un debate en el que se coló el 'Malamente' de Rosalía en varias intervenciones, PP, Ciudadanos y El Pi alertaron de que las cuentas no cuadrarían. El Govern aumentó en 450 millones el gasto en los presupuestos para 2019 ante una previsión de crecimiento de la economía del 2,7 por ciento. "Ese crecimiento no se lo creen ni ustedes", le dijo Biel Company a Cladera desde la tribuna, mientras agitaba informes de la Airef y Funcas según los cuales Balears iba a crecer poco más de un dos por ciento. La consellera de Hacienda acusó a la oposición de "alarmismo" y señaló entonces que la patronal CAEB hablaba de hasta un 2,9 por ciento.

Ese día los presupuestos superaron las enmiendas a la totalidad y dieron un paso definitivo hacia su aprobación final. La CAEB habla hoy de que la economía balear se ha ralentizado y crece a un 2 por ciento. El propio Govern rebaja su optimismo también al dos por ciento.

La consecuencia directa de ese deterioro de la economía que el Govern no quiso ver al hacer sus presupuestos es la caída de la recaudación prevista. Al cierre de mayo, la recaudación del Impuesto de Transmisiones caía un seis por ciento. Una tendencia que de mantenerse hasta final de año supondría una caída sobre los 622 millones recaudados el año pasado, cuando el Govern confiaba en llegar a los 694 millones este año. En total, entorno a cien millones menos con respecto a lo previsto. Los primeros 100 millones de agujero en las cuentas.

Sin embargo, no ha hecho falta esperar a mayo. Al Govern el desajuste le llega nada más empezar 2019. Es en enero cuando la ministra de Hacienda presenta sus presupuestos. Unas cuentas del estado que recortaban en 20 millones la inversión en Balears y en las que no figuraban en ningún lado los 180 millones del convenio de carreteras que el Govern incluyó en su previsión de ingresos para 2019, a pesar de que el año anterior ya los había incluido y, del mismo modo, no llegaron.

Pese a dejar a Balears con un agujero de 180 millones y un recorte de 20 millones a la inversión, esos presupuestos serían hoy agua de mayo para las islas. La falta de apoyo a las cuentas de Pedro Sánchez que precipitaron el final de la legislatura tras un año de gobierno socialistasy las elecciones del 28 de abril, provocaron la prórroga de las cuentas de 2018. Y con ello, la prórroga de la transferencia del sistema de financiación, 99 millones por debajo de los 2.264 que se habían previsto. Otro agujero de 100.

Y sigue. Un cambio en la liquidación del IVA por parte de empresas y autónomos dejó a las comunidades sin la última mensualidad del año 2017 que debía llegar este año. En el caso de Balears, 78 millones de euros, que, sin Gobierno en Madrid también quedan en el aire.

Y ahí está la factura: caída de la recaudación, 100 millones; el dinero de carreteras que no llega, 180 millones; la mejora de la financiación bloqueada, 99 millones; un mes de IVA en el aire, 78 millones. Total: 460 millones de ingresos que no llegan en un presupuesto que aumentó el gasto en 450 millones de euros. Sin olvidar los 240 millones que toca corregir por el incumplimiento del techo de gasto al final del año 2018.

Aún formándose Gobierno en Madrid y llegando vía decreto los 180 millones de los presupuesto prorrogados, Balears está obligada a un ajuste de hasta 500 millones.

Los acuerdos de Bellver, en el aire


A falta del Plan de Estabilidad Financiera que deberá establecer los ajustes en las cuentas, el pasado 12 de julio la consellera Sánchez bloqueaba las cuentas de todas las conselleries. Una semana después, la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) alertaba del "alto riesgo" de incumplimiento de las reglas de estabilidad por parte del Govern, exigiéndole ajustes y, el pasado martes el Ministerio de Hacienda cifraba en 412 millones el déficit del Govern a mayo.

"Aquí viene un recorte, no hay tutías", sintetizaba el líder del PP, Biel Company esta semana, mientras la portavoz del Govern, Pilar Costa, aseguraba este viernes que "en ningún caso se plantean recortes o ir atrás en ninguno los derechos y en las mejoras conseguidos en los últimos años" y ciñéndolo a "medidas de eficiencia" en el estreno de los eufemismos.

El Plan de Estabilidad que incluirá los ajustes afectará tanto a las cuentas de 2019 como a las de 2020, lo que implica comprometer cualquier posible mejora en los próximos presupuestos con una previsión de crecimiento de la economía para 2020 que es hoy del 1'6 por ciento, según los últimos datos del BBVA.

De hecho, el freno a la economía, el estancamiento de los ingresos -este año, a día de hoy, apenas crecen un 0,70 por ciento, lejos de las previsiones- y la necesidad de ajustes, dejan en el aire una treintena de acuerdos entre PSOE, Podemos y Més, incluidos en los Acuerdos de Bellver y que suponían, inevitablemente, un incremento del gasto.

El grueso de medidas acordadas entre los socios del Pacto que el Govern tendrá ahora imposible cumplir se concentran principalmente en Sanidad y Educación. Sólo en estas dos áreas, que absorben más de dos tercios del presupuesto, PSOE, Podemos y Més acordaron más de 20 medidas que sin nuevos recursos no podrán aplicarse: es el caso de la gratuidad de las escoletas que Armengol prometió en campaña frente a un chupete gigante, la ampliación de las becas, la gratuidad del material escolar, nuevos centros de atención primaria con más profesionales, el incremento de enfermeras, la gratuidad de las vacunas, o ampliar la atención bucodental gratuita.

Tampoco podrá contar con dinero para ampliar perfiles de la renta social, para aumentar las ayudas al alquiler, para poder hacer deducciones en el IRPF a los propietarios que alquilen a precios razonables, para aumentar las ayudas a los investigadores o reforzar la plantilla de inspección turística.Més avisaba esta semana que la propuesta de los ajustes los deberá hacer la consellera, pero que "deberán negociarse" entre los socios.

Al plan de ajuste, a la consellera se le añade la redacción de unos próximos presupuestos que deberá empezar a preparar a ciegas. Cada año por estas fechas se reúne el Consejo de Política Fiscal en el que el Ministerio de Hacienda informa a las comunidades del techo de gasto, del límite de déficit y de las entregas a cuentas que requiere el Govern para poder elaborar sus presupuestos. Con el Gobierno en funciones no hay quien comunique este dato a las comunidades.

Lo único claro es que con esas cuentas se confirmará el nuevo escenario económico del Govern.

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