La Guardia Civil ha negado que una empleada del aeropuerto de Palma vaya a ser sancionada con 200.000 euros por hablar catalán, como ha denunciado la implicada. Según la información facilitada por la Benemérita, la infracción que se le achaca fue saltarse el control de accesos a la zona de seguridad pese a que había pitado en el arco de seguridad.
La Delegación del Gobierno, por su parte, descarta que la trabajadora sufriera un episodio de discriminación lingüística después de abrir una investigación que ha incluido el visionado de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia cercanas. Esta administración recordó además que vela para que se garanticen los derechos lingüísticos de todos los residentes en Balears.
La versión facilitada por la Guardia Civil sobre el incidente difiere diametralmente de la de la mujer. Según explican fuentes oficiales de la Benemérita, el arco de seguridad pitó cuando la empleada pretendía pasar a la restringida del aeropuerto. A pesar de que los vigilantes de seguridad le dijeron que no podía pasar, la mujer siguió adelante, contraviniendo sus indicaciones.
Los vigilantes, siguiendo el protocolo del recinto, alertaron entonces a la Guardia Civil. Los agentes localizaron a la mujer cuando ya estaba dentro de la zona restringida. Cuando le informaron de que debía acompañarles a su oficina porque iban a levantar un acta de denuncia, la mujer les acusó de hostigarla porque hablaba catalán.
La Guardia Civil mantiene que la denuncia no tiene nada que ver con el idioma de la mujer, y se circunscribe al hecho de que se metió en la zona de seguridad contraviniendo las indicaciones de los vigilantes.
De hecho, los guardias no intervinieron hasta que fueron requeridos por los vigilantes de seguridad que controlan los arcos detectores de metales.
Las mismas fuentes indican que las multas de 200.000 euros que establece la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) se contemplan solo para empresas o entes jurídicos, no para particulares. La multa a la que se enfrentaría la mujer sería de entre 200 y 400 euros.
En cualquier caso, la Benemérita desvincula completamente el incidente con el idioma que hablase la empleada. Desde la Guardia Civil explican que todos los agentes que llegan a las islas por primera vez reciben una charla de ambientación en la que, entre otras indicaciones, se les requiere a que muestren el máximo respeto por las dos lenguas cooficiales en Balears.
Miquel Ensenyat exige "aclarar y depurar responsabilidades"
El portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, exigió ayer "aclarar y depurar responsabilidades" en una carta enviada al Delegado del Gobierno de Balears en funciones, Ramon Morey.
La queja de Ensenyat viene motivada por la denuncia de una trabajadora del aeropuerto en la que aseguraba que el pasado 25 de junio un agente de la Guardia Civil vulneró sus derechos lingüísticos al impedirle que le hablara en catalán cuando pasaba por un control del aeropuerto.
Ensenyat considera que "se habrían vulnerado los derechos lingüísticos" de la mujer, al tiempo que habría sido víctima de "un supuesto abuso de autoridad". El portavoz de Més reclamó asimismo "una investigación interna". La Guardia Civil, por su parte, desmintió ayer el supuesto episodio de discriminación lingüística. redacción palma
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