La instrucción del caso Cursach parece estar maldita. Se inició hace años con la magistrada Carmen González, quien finalmente acabó cambiando de destino y ocupa ahora una plaza en la Audiencia de Palma. Por el camino han pasado otros dos jueces, Manuel Penalva y Miquel Florit, pero ambos están apartados por diferentes motivos. Hoy por hoy aún no hay un magistrado que se encargue de ultimar la macroinvestigación por presunta corrupción policial y contra el magnate de la noche en la isla.

Tampoco está claro quién tomará el relevo al juez Florit, ahora de baja, en su exposición razonada en el caso Whatsapps contra el magistrado Penalva y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán. El caso fue remitido al Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, pero éste lo ha devuelto en dos ocasiones a Florit, quien, a su vez, está siendo investigado por la misma instancia por el caso Móviles, por incautar los teléfonos a los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou, de Diario de Mallorca y Europa Press.

De momento, todo está en el aire. La situación que a día de hoy se vive en la sede de Vía Alemania, en Palma, es de inquietud. El hecho de que dos jueces de instrucción y un fiscal, con dilatadas trayectorias, estén siendo investigados a raíz del caso Cursach ha supuesto un mazazo para sus compañeros, funcionarios y abogados. Los jueces de la ciudad siguen con preocupación el devenir de estos procesos. Los más veteranos recuerdan que nunca antes habían pasado por una situación similar.

Con Penalva recusado y Florit de baja, parece como si nadie quisiera asumir estas causas que han provocado ciertas fracturas en la judicatura, la fiscalía y en la Jefatura Superior de Policía en Palma. Lo que nunca había ocurrido antes con los escándalos de corrupción política que sentaron en el banquillo de los acusados a Jaume Matas, Maria Antònia Munar, Iñaki Urdangarin e incluso a la infanta Cristina, está sucediendo ahora con el caso Cursach. Hasta ahora, tres magistrados de instrucción de Palma se han abstenido y la cifra podría aumentar.

La Audiencia de Palma aún no ha resuelto ninguna de estas tres abstenciones, por lo que hay que esperar a sus resoluciones. Mientras tanto, se están repartiendo las 17 piezas por distintos juzgados de la capital, pero esta distribución podría variar según la decisión de la Audiencia Provincial.

El primer juez en abstenerse fue Antoni Garcías, titular del juzgado de instrucción número 7 de Palma, porque la letrada de la administración de Justicia de este juzgado está casada con un investigado. Luego, fueron Antoni Rotger y Enrique Morell, magistrados de los juzgados de instrucción número 8 y 9 de Palma, respectivamente, al alegar una amistad íntima con su colega Manuel Penalva, por lo que no podrían encargarse del caso Whatsapps. Todos ellos se conocen desde hace muchos años y mantienen una estrecha relación. Según un experto, las causas de abstención de un juez pueden ser por una enemistad manifiesta o por una amistad íntima, pero no solo hay que alegarlo, sino que también hay que acreditar esa enemistad o amistad íntima.

De momento, la Audiencia de Palma todavía no se ha pronunciado sobre la primera abstención del magistrado Garcías. Sobre su mesa de trabajo están los casos del IME, ORA y PABISA, de los que podría hacerse cargo si los acepta.

Mientras, el grueso del caso Cursach -en concreto 13 piezas, entre ellas la causa matriz- lo asumiría el juez Morell, titular del juzgado de instrucción número 9 de Palma. Así, solo quedaría pendiente el caso Whatsapps contra Penalva y Subirán, que podría acabar ante la magistrada Carmen Abrines, del juzgado de instrucción número 10 de Palma. En el caso hipotético de que ella se abstuviera también, el procedimiento saltaría hasta el juez Juan Manuel Sobrino, del juzgado de instrucción número 1. Lo que falta en esta causa es esperar a que los plazos de alegaciones se cumplan y, si se considera oportuno, elevar la exposición razonada contra Penalva y Subirán al TSJIB.

Este reparto de 17 piezas judiciales del caso Cursach por varios juzgados de Palma podría verse modificado por la resolución de la Audiencia Provincial, que podría obligar a asumir más asuntos al magistrado Garcías, por lo que descargaría a su colega, el juez Enrique Morell, hasta ahora con 13 casos previstos de forma inicial.

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