La Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT ha convocado para el próximo viernes 2 de agosto un paro parcial, de una del mediodía a cuatro de la tarde, en todas los servicios de cocina y cafeterías de los hospitales públicos de las islas que están subcontratados en la empresa Eurest. A saber, Son Llàtzer, Joan March, Psiquiátrico, hospital General y comarcales de Inca y Manacor.
El secretario de acción sindical de esta Federación, José García, que matizó que la decisión de este paro fue tomada en una asamblea de trabajadores a la que asistieron representantes de los tres primeros centros citados, cifró en unos trescientos los empleados llamados a esta huelga que, subrayó, son en su mayoría mujeres que buscan mejorar las pésimas condiciones laborales en las que desarrollan su trabajo.
García señaló que, de media, estas trabajadoras perciben un salario mensual de unos 1.200 euros que la actual concesionaria del servicio recorta de forma habitual ofreciéndoles contratos de menos de 40 horas semanales. O que les obliga a realizar labores impropias de la categoría profesional que les asigna. "Hace un abuso y no solo les paga menos, sino que también cotiza menos a la Seguridad Social. Y con el consentimiento del IB-Salut, denunció
El delegado, que señaló que el 30 de julio tienen un acto de conciliación en el Tribunal de Arbitraje del que no confía llegar a un acuerdo, anticipó que, a la espera de los servicios mínimos que se fijen, recomendará que el paro no afecte a los pacientes ingresados.
Nueva adjudicataria a inicios del mes de agosto
El IB-Salut asegura que la empresa, de momento, no ha comunicado oficialmente la intención de los trabajadores de ir a la huelga y que los hospitales tampoco tienen conocimiento de que se hayan vulnerado derechos laborales.
Reveló asimismo que está a punto de entrar en vigor (la primera semana de agosto) un nuevo contrato del servicio de alimentación y cocina hospitalaria para Son Llàtzer con una empresa adjudicataria distinta a Eurest. Y que el próximo contrato ya se regirá por la nueva ley del sector público que permite incorporar en ellos cláusulas sociales para garantizar los derechos de los trabajadores.
