El letrado de la Administración de Justicia (antes secretario judicial) del juzgado de instrucción 12 ha decretado la suspensión, "sine die", de la instrucción del caso Cursach, la mayor causa contra la corrupción investigada en Balears, por la ausencia de juez instructor. La defensa de uno de los investigados ha recurrido el decreto de paralización de la causa, al estimar que este funcionario no tiene competencias para suspender la tramitación de un caso.
El letrado dictó ese decreto como una diligencia de ordenación y con base en la baja médica que ha cogido el anterior instructor del caso Cursach, el magistrado Miquel Florit. Según el secretario, "hasta la designación de un nuevo instructor permanecerán suspendidos los trámites y plazos que se encuentran pendientes".
Días después, el decanato de los juzgados de Palma designó como juez del caso Cursach (menos la pieza separada donde aparecen implicados el magistrado Manuel Penalva y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán) a Antoni Garcías. Este magistrado ha pedido abstenerse de la macrocausa porque su letrada de la Administración de Justicia está casada con un policía local imputado en la misma. Garcías solo acepta instruir dos piezas separadas donde no hay agentes de la Policía Local implicados: las de los casos IME y ORA.
Según fuentes jurídicas próximas al caso, la paralización de actuaciones sigue en vigor, en tanto persiste la ausencia de magistrado instructor. De hecho, el relevo de Garcías, el juez Antoni Rotger, también ha pedido a la Audiencia abstenerse de instruir una pieza separada del caso Cursach, dada su íntima amistad con Manuel Penalva, que a su vez tuvo que abandonar el caso tras ser recusado por unos Whatsapp mandados a una testigo protegida, la conocida como La Madame. Por su parte, el abogado Francisco Pérez ha recurrido el decreto de suspensión ante el juzgado de instrucción 12, concretamente ante el secretario judicial.
Pérez argumenta que entre las competencias del letrado de la Administración de Justicia no se halla "la suspensión de la tramitación y de los plazos pendientes", por lo que el decreto impugnado "está resolviendo cuestiones en las que carece de competencia". "Estamos ante una causa incoada hace más de un lustro, que se ha visto sometida a múltiples avatares -cambio de magistrada por cambio de destino y recusación de su sucesor- siendo que ahora nos sorprende con esta decisión", afirma el recurso. El abogado añade que "es harto incongruente que el magistrado titular de este juzgado (Manuel Penalva) esté de baja laboral y se nombrase un magistrado que lo sustituyera (Fernando Ruiz) sin que nunca se acordara suspender la tramitación y plazos de las causas y que ahora así se proceda cuando el magistrado que asumió la causa (Miquel Florit) incurra en incapacidad laboral".
De acuerdo con el recurso, el decreto de paralización del caso Cursach vulneraría "el artículo 144 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación al artículo 452 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial". También podría suponer una lesión en el derecho a la tutela judicial efectiva y en el derecho a un proceso sin dilaciones.
El recurso aboga porque se nombre lo antes posible un juez instructor para la causa, donde hay varias decenas de imputados y miles de folios, agrupados en decenas de tomos. La Audiencia de Palma tendrá que decidir si acepta la abstención de Garcías del grueso del caso y también si el sustituto de aquel, Antoni Rotger, debe hacerse cargo o no de la macrocausa. Este proceso puede durar semanas.
Después de Rotger, el siguiente en la lista es Enrique Morell, del que se ignora si asumirá la causa o alegará alguna razón para abstenerse, extremo poco probable.
Muchos de los imputados presentan escritos ante el juez solicitando la práctica de pruebas, permisos para viajar al extranjero o la anulación de las medidas cautelares. Todo eso está paralizado.
CONTENIDO_RELACIONADO
- Los dos últimos jueces del caso Cursach están de baja y sin sustituto
- Designan al juez Garcías para instruir el caso Cursach
FIN_CONTENIDO_RELACIONADO
