El precio con que se pone en el mercado de la vivienda balear, tanto para la venta de segunda mano como del alquiler, es entre un 20% y un 30% superior al que le corresponde, según defendió ayer el presidente de la Asociación Balear de Servicios Inmobiliarios (ABSI), Toni Gayà. La diferencia radica en que la de segunda mano termina ajustando ese valor en el momento de la adquisición, pero en el caso del alquiler se acaba encontrando inquilino en casi todos los casos sin rebajar ese precio. En este sentido, Gayà respaldó la información publicada el pasado lunes por Diario de Mallorca, respecto a que en estos momentos apenas hay pisos para alquilar en el mercado, salvo el producto que se encuentra en malas condiciones o es muy caro.
Los responsables de esta asociación empresarial comparecieron públicamente para anunciar las medidas que van a plantear al conseller de Vivienda, Marc Pons, al que han solicitado una reunión para ofrecerle además su colaboración. En este sentido, se apuntó que se va a proponer al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas acudir juntos a este encuentro por tener intereses compartidos.
El primer punto sobre el que se hace hincapié desde ABSI es en la necesidad de afrontar el problema de la escasez de viviendas en alquiler, y se advierte de que limitar su precio no haría más que agravar esta carencia, ya que provocaría que muchos propietarios optaran por sacar sus inmuebles del mercado. Por ello, se señala que una posible solución pasa por conceder ayudas económicas a los inquilinos e incentivos fiscales a los propietarios que acepten una bajada de sus rentas.
Vivienda protegida
Otro aspecto señalado por Toni Gayà es la necesidad de que desde el Govern no se generen falsas espectativas en relación a la edificación de más viviendas protegidas, por lo que se reclama al Ejecutivo que especifique el número exacto de las que piensa construir y en qué zonas. La teoría de esta asociación es que una concentración excesiva de vivienda de protección oficial en un barrio provoca una devaluación del mismo.
También se reclaman medidas legales que posibiliten la expulsión inmediata de las personas que ocupan las viviendas, para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios. Además, se denuncia que algunos 'okupas' se dedican a alquilar habitaciones del inmueble en el que se han instalado.
Finalmente, se va a reclamar que se regule la profesión de agente inmobiliario para que no pueda dedicarse cualquiera a esta actividad sin disponer de la formación necesaria.
