Un juzgado de lo Contencioso de Palma ha confirmado la sanción económica de dos mil euros que se impuso a una mujer, residente en la ciudad, que permitió que se empadronaran en su domicilio cuatro ciudadanos de Venezuela, que se encontraban en situación irregular en España. El juez da la razón a la Abogacía del Estado, que defendió la multa que impuso la Delegación del Gobierno de Balears contra la acusada, en materia de infracciones a la ley de extranjería. La sanción se fijó por el incumplimiento de las condiciones que se imponen en las llamadas cartas de invitación y empadronamientos fraudulentos.
Desde hace unos años la Policía, a través de la Brigada de Extranjería de Palma, viene persiguiendo un fraude de personas extranjeras que deciden quedarse a vivir en España de forma irregular. Estos foráneos llegan a la isla como invitados con carta de invitación, o a veces también entran como turistas. Sin embargo, una vez superado su estancia legal, deciden quedarse a vivir en España, lo que les convierte en extranjeros irregulares.
Estas personas lo que suelen hacer es darse de alta en el padrón municipal de cualquier ayuntamiento de la isla. Para cumplimentar este requisito precisan la complicidad de un familiar, amigo, o incluso la persona que les ha invitado a visitar la isla. Cualquiera de ellos consiente el empadronamiento en su domicilio, pese a que conocen que su casa no es el domicilio real de estos extranjeros.
El certificado de empadronamiento no es más que el requisito necesario para conseguir después otros derechos sociales. Estos extranjeros que están residiendo en el país de forma irregular presentan este certificado para conseguir otros beneficios sociales, como por ejemplo las tarjetas de la Seguridad Social, que les da derecho a acceder a la sanidad pública, así como la tarjeta ciudadana, con la que consiguen descuentos en el uso del transporte públicos. La Policía ha podido constatar además que algunos de estos inmigrantes irregulares han solicitado también algunas ayudas sociales, tanto en los ayuntamientos, como en la comunidad autónoma.
Una vez que la Policía constata el fraude se inicia un expediente sancionador contra la persona que ha permitido este empadronamiento irregular. Estos trámites concluyen con propuestas de sanción ante la Delegación del Gobierno. La mayoría de estas sanciones son de 501 euros, que es la cantidad mínima por cada infracción que contempla la ley de extranjería.
Venezolanos
El caso por el que ha tenido que pronunciarse el juez se refiere a la sanción que se impuso a una ciudadana española de origen venezolano que el año pasado empadronó en su casa a cuatro personas de nacionalidad venezolana. Este grupo había entrado en España como turistas, aunque uno de ellos aportó una carta de invitación. La mujer alegó que había permitido esta inscripción en su casa para hacerle un favor a uno de sus compatriotas, mientras que los otros tres eran familiares de esta persona. Los cuatro extranjeros decidieron quedarse en Mallorca para residir, aunque lo hicieran como "irregulares".
La mujer que permitió esta irregularidad fue sancionada con 2.004 euros. Presentó una demanda contra la Delegación del Gobierno, aunque la ha perdido y se verá obligada a pagar la multa que se le impuso.
