La Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Mallorca, ( FAPA), reclamó ayer un reparto equitativo de los nuevos alumnos extranjeros que se incorporan al sistema educativo de Mallorca, ya que más del 80% entran solo en centros públicos. La presidenta de esta federación, Gloria Ferrer, y los representantes de su junta, Antoni Ramis, Albert Lobo y Manu Cáceres, realizaron ayer un balance sobre la situación del sistema educativo de las islas y llegaron a la conclusión de que el presupuesto que se dedica no es suficiente. A pesar de que se reconoce el esfuerzo económico que se ha realizado en la anterior legislatura, se considera necesario invertir unos 300 millones de euros más, para mejorar las infraestructuras y para cubrir todas las necesidades que precisan los alumnos.

Los representantes de esta federación creen necesario que los libros de enseñanza sean gratuitos porque muchas familias no pueden pagarlos, lo que supone que muchos de estos niños no pueden desarrollar su derecho a la educación básica gratuita, como señala la Constitución.

Lo mismo proponen con la compra de los equipos informáticos que se están introduciendo en los colegios, un gasto que muchas familias no pueden asumir. La FAPA apuesta por el programa de reutilización de los libros, para amortiguar este elevado gasto a las familias.

Los representantes de esta federación denunciaron el desigual reparto que se realiza con los nuevos alumnos extranjeros que se incorporan al sistema educativo de las islas. Así, según las estadísticas, el 82% de estos escolares son aceptados en colegios públicos, lo que debería obligar a la conselleria de Educación a aportar más recursos económicos a estos centros para asumir esta carga de nuevos escolares. Denunciaron que muchos colegios están utilizando unos mecanismos, que les permite la conselleria, que evita que estos alumnos extranjeros puedan entrar en estos centros, como por ejemplo el punto que se otorga a los hijos de antiguos alumnos. Creen que estos mecanismos representan una selección previa de los estudiantes, que se traduce en una segregación del alumnado. La FAPA considera que los extranjeros que se incorporan al sistema educativo deberían repartirse tanto en centros públicos, como en concertados, ya que en ambos casos se financian con fondos públicos.

“Un método de discriminación”

También consideraron que se debería prohibir a los colegios concertados el cobro de la aportación voluntaria que se exige a los padres, que “es también un método de discriminación”, ya que muchas familias tienen problemas para pagarla. “Si la educación es gratuita las familias no deberían asumir esta aportación voluntaria”, señalaron.

Por otra parte, exigieron que esta legislatura se apruebe un pacto educativo, con el apoyo de todos los partidos políticos. Creen necesario que para alcanzar un acuerdo para aprobar esta ley se debe tener muy en cuenta la opinión de los padres.