Los abogados de Diario de Mallorca, las agencias informativas Europa Press y Efe y los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre piden condenar al juez Miguel Florit a penas que suman 42 años de inhabilitación por prevaricación, vulneración del secreto profesional, delito contra la inviolabilidad del domicilio e interceptación ilegal de comunicaciones. La acusación se ha presentado dentro del llamado caso Móviles, los presuntos delitos que Florit habría cometido al dictar cuatro autos, en unas diligencias por presunta revelación de secretos del caso Cursach, resoluciones que habrían vulnerado el secreto profesional de los dos redactores citados.
La acusación en el llamado caso Móviles, iniciado a raíz de la querella de Europa Press y Diario de Mallorca por la incautación de móviles de los redactores que cubrían el caso Cursach, presentó ayer su calificación provisional, donde plantean llamar como testigo, entre otros, al fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón.
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Baleares Felisa Vidal procesó hace unos días al magistrado Miguel Florit por estos mismos delitos. Florit se halla de baja médica y en caso de que Vidal abra juicio contra él será apartado temporalmente de la carrera judicial.
El escrito de acusación, firmado por los abogados Nicolás González-Cuellar Serrano y Javier Crespo Bonachera, enumera los autos dictados por Florit, que, entre septiembre y diciembre del 2016, ordenó fiscalizar las llamadas telefónicas de los dos periodistas y de una tercera redactora de la agencia Efe, también pidió un control de la geolocalización de sus teléfonos móviles, y, por último dispuso la requisa de sus teléfonos (para su análisis) y de otros dispositivos electrónicos de trabajo, así como el registro de las redacciones.
"Los referidos autos fueron dictados por el acusado (Florit) con plena conciencia de que los mismos eran manifiestamente injustos y vulneraban el derecho al secreto profesional periodístico, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la inviolabilidad de domicilio", sostiene el escrito.
Para la acusación, los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación judicial (por el que se reclaman 20 años de inhabilitación y una multa de 28.800 euros; dos contra la inviolabilidad de domicilio (por los que se solicitan 12 años de inhabilitación y dos multas de 14.400 euros); un delito contra el ejercicio del derecho a la información (por el que se solicitan 4 años de inhabilitación especial); y un delito de interceptación ilegal de las comunicaciones (para el que se pide una condena de 6 años de inhabilitación especial).
La acusación también reclama una indemnización para Kiko Mestre de 30.000 euros por daños morales.
Florit, defendido por Josep Zaforteza, y la fiscalía superior de Balears reclaman la libre absolución y postulan que los hechos no fueron delictivos.
El magistrado recurrió en reforma el auto de procesamiento y la jueza Felisa Vidal lo confirmó. Ahora el investigado puede apelar ante la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJB, pero este recurso no impide que pueda abrirse juicio oral contra él.
Los autos objeto de acusación se emitieron dentro de unas pesquisas para averiguar, a instancias del propio Cursach y de su exmano derecha Bartolomé Sbert, qué funcionario público estaba suministrando a la prensa informaciones secretas o reservadas del sumario contra la presunta trama de corrupción.
Los periodistas no tuvieron en ningún momento la condición de investigados por esa supuesta revelación de secretos, circunstancia que destacó Vidal en su auto de procesamiento.
Carrau y Luzón, testigos
La querella de los medios de comunicación fue dirigida también contra el fiscal anticorrupción Juan Carrau, que emitió informes favorables a los autos de Florit. Sin embargo, la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJB exculpó al fiscal, que la acusación particular quiere llamar como testigo.
Otro testigo importante será Alejandro Luzón, jefe de la fiscalía anticorrupción nacional. Este departamento, al parecer, avaló también la requisa de los móviles de los informadores.
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