La sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) tendrá que decidir si imputa, por varios y graves presuntos delitos, al juez Manuel Penalva y al fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, que hasta hace unos meses investigaron el caso Cursach, la supuesta trama de corrupción en torno al magnate de la noche del mismo nombre.

El juez Miquel Florit, actual instructor del caso Cursach y procesado en el TSJB por prevaricación y otros delitos en el caso Móviles, ha elevado al TSJB una exposición razonada (un informe), donde enumera los indicios que existen contra Penalva y Subirán y pide que se abra una investigación contra ellos.

La petición de investigación viene avalada por la fiscalía anticorrupción, que atribuye a Penalva y Subirán los delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. También Bartolomé Cursach, que mañana será juzgado en Palma por injurias a Penalva, y su exlugarteniente Bartolomé Sbert apoyan la imputación de los dos juristas, que llevan semanas de baja médica.

La Policía Judicial, con base en un chat de mensajes de telefonía integrado por los investigadores del caso Cursach, atribuye a Penalva y Subirán el liderar una organización criminal destinada a delinquir con ocasión de las pesquisas. Esta imputación no cuenta con el apoyo de la fiscalía anticorrupción.

En esos mensajes de WhatsApp el juez, el fiscal y agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que investigó a Cursach, hacen comentarios groseros y humillantes sobre algunos de los investigados. De acuerdo con la Policía, de esas conversaciones se deduce que los investigadores pudieron amañar pruebas y aplazar diligencias para justificar autos de prisión preventiva de algunos detenidos.

Los dos acusados niegan taxativamente los hechos y han elaborado un pormenorizado escrito donde rebaten las acusaciones y explican sus pasos dados en las pesquisas del caso Cursach.

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