La fiscal Mercedes Carrascón y el abogado de la acusación particular Jaume Bueno se quedaron ayer sin pruebas contra el empresario de la Playa de Palma Miguel Pascual Bibiloni, de 73 años y acusado de delitos de prostitución y abusos sexuales, cuando dos de las testigos protegidas, de nacionalidades búlgara y rumana, se negaron a declarar ante el tribunal alegando sufrir una crisis nerviosa, que la forense no detectó. Pascual se acogió a su derecho a no declarar y se relajó tras comprobar que las antiguas prostitutas de sus locales de s'Arenal que en 2014 le acusaron de forzarlas a tener sexo con él sin preservativo y bajo amenazas de quedarse sin trabajo o ganar menos dinero, se echaban atrás.
Según las acusaciones, el plante de las dos testigos protegidos fue algo inesperado, máxime cuando las supuestas víctimas están personadas en la causa a través de Jaume Bueno. Las mujeres en su día demandaron laboralmente a Miguel Pascual, que tenía los clubes a nombre de terceros, y los juzgados de lo social declararon improcedentes los despidos.
Mantener el anonimato
Las dos testigos protegidas llegaron por la mañana a la Audiencia protegidas por la Guardia Civil y fueron conducidas a una sala aislada. Una tercera testigo protegida no compareció y los esfuerzos para localizarla resultaron vanos.
Las mujeres se entrevistaron con su abogado y ya manifestaron que no estaban en condiciones de declarar, por lo que fue avisada una forense para examinarlas. La médico rechazó que las testigos sufrieran una crisis nerviosa, por lo que se dispuso su interrogatorio.
El tribunal de la sección primera, antes, denegó la petición del abogado de Pascual, Eduardo Valdivia, de que se desvelara la identidad de las testigos.
La sala dispuso también que su interrogatorio se hiciera mediante videoconferencia para preservar su anonimato. Sin embargo, las dos mujeres, pese a las advertencias y buenas palabras del tribunal y los educados intentos de las acusaciones, se encastillaron en no declarar.
"Tengo miedo, tengo mucho miedo, no puedo hablar, no estoy en condiciones de declarar", aseguró la testigo protegida número 6. Jaime Tártalo, presidente de la sala, les preguntó a las dos si habían recibido amenazas de alguien, lo cual podría justificar su postura.
No obstante, ninguna de las dos mujeres explicó las causas de su miedo.
El dueño y las empleadas
Las acusaciones trataron de suspender la vista, para dar tiempo a las mujeres a reponerse de su ansiedad, pero el tribunal entendió que, dadas las circunstancias, se corría el riesgo de revivir otra negativa a declarar dentro de unos días. Además, ayer estaban citados otros antiguos trabajadores de los locales del acusado, entre ellos varias chicas.
El tribunal, muy a su pesar, acabó anunciando la imposición de una multa para las dos chicas y la posible deducción de testimonio contra ellas por un delito de desobediencia.
El que sí declaró fue el testigo protegido, un antiguo camarero del Table Dance, uno de los locales del acusado.
El testigo declaró que el acusado mantenía a diario relaciones sexuales con las chicas del local, a las que promocionaba si accedían a acostarse con él.
Según el camarero, el empresario enchufaba a sus "favoritas" para que pudieran bailar ante los clientes, lo que les suponía mayores ingresos. "Pascual les amenazaba con el despido si no accedían a mantener relaciones sexuales con él", explicó el declarante.
Según el testigo, en el local había entre 35 y 40 chicas, y Pascual se acostaba con unas 12se acostaba con unas 12. El camarero aclaró, a preguntas del abogado Eduardo Valdivia, que ninguna de las mujeres fue obligada a mantener relaciones sexuales con el dueño.
Por el contrario, otra testigo de la fiscalía, antigua trabajadora del local, rechazó que el acusado le hubiera amenazado para obligarle a mantener relaciones sexuales. Según la mujer, que se definió como "bailarina", "el señor Pascual me dijo si quería salir con él a tomar copas o a comer, pero le dije que no porque me van más los jóvenes". La mujer añadió que no sufrió represalias.
La fiscalía pide 28 años y medio de cárcel para Pascual, una condena inferior a la reclamada por la acusación. Las multas por negarse a declarar en calidad de testigo oscilan entre los 200 y los 5.000 euros. El juicio seguirá en septiembre para dar pie a localizar a la tercera testigo protegida.
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