La firma de abogados Rivero Mestre LLP presentó el pasado lunes en una corte federal de Miami cuatro demandas colectivas y millonarias contra los grupos hoteleros Cubanacán, Gaviota y Gran Caribe, bajo control del Gobierno cubano, y notificó a las cadenas hoteleras Accor y Blue Diamond y las mallorquinas Barceló e Iberostar -asociadas con los primeros- que disponen de 30 días para responder a los demandantes.

Las reclamaciones, presentadas contra las hoteleras cubanas por lucrarse con propiedades expropiadas en Cuba por las autoridades castristas a ciudadanos estadounidenses, se enmarcan bajo el amparo de la Ley Libertad, conocida como ley Helms-Burton, y afectan también a Trivago y Booking.com, según informó la prensa de Miami.

El Gobierno de Donald Trump procedió en mayo al levantamiento del Título III de la ley Helms-Burton. Una ley aprobada en 1996 que da a los estadounidenses el derecho a demandar a empresas de todo el mundo que se lucren con los bienes confiscados por las autoridades castristas, si bien todos los Gobiernos estadounidenses la dejaron sin efecto desde su aprobación "con la esperanza de que el régimen cubano hiciera una transición hacia la democracia".

Si las cadenas hoteleras no responden en el plazo de los 30 días estipulado por la citada ley, serán incluidas como demandadas, y también las dos compañías matrices de las compañías de reservas, esto es, Expedia y Booking", explicó el abogado Carlos Rodríguez, de la firma Rivero Mestre LLP.

Demanda contra Melià

La cadena canadiense Blue Diamond está sujeta a reclamaciones de las familias de exiliados Del Valle, Falla y Echeverría. Esta última, a su vez, se enfrenta a Iberostar y al grupo galo Accor, mientras que la familia Trinidad es la que firma la reclamación al Grupo Barceló, según informó Radio Televisión Martí.

Estas notificaciones se añaden a la que la familia Mata envió a Meliá Hotels Internacional el pasado 20 de mayo, cuyo plazo está pendiente de cumplirse, indicó el representante legal.

Meliá ha asegurado en reiteradas ocasiones no contar con bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de reclamación tras este levantamiento ya que, según ha recalcado, su papel es de mero gestor.

La cadena mallorquina también ha sido demanda, esta vez en Palma, por la familia Sánchez-Hill, descendientes de un hacendado expropiado en 1960 por los revolucionarios y que acusan a la empresa hotelera de lucrarse con un bien de origen ilícito. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) mostró ayer su "total y absoluto" apoyo a las empresas mallorquinas afectadas por las demandas colectivas ante Miami bajo el amparo de la ley Helms-Burton. El Gobierno de Pedro Sánchez también expresó, el pasado abril, su respaldo a las hoteleras.