La jueza de instrucción dos ha imputado a una empresa, vinculada a la familia de empresarios de Calvià Cameron, por las presuntas estafas millonarias a hoteles de Mallorca, perpetradas, entre 2015 y 2017 y basadas en reclamaciones por falsas intoxicaciones alimenticias de turistas en régimen de todo incluido. La imputación de la sociedad da un impulso a la investigación, abierta en 2017 a raíz de las denuncias de varias cadenas hoteleras.
La magistrada ha emplazado a la sociedad Elite Project Marketing S.L. a que designe un representante legal para ser interrogado, en calidad de investigado. La imputación de la empresa ha sido a requerimiento del letrado Jaume Campaner, que representa a la Federación Hotelera de Mallorca, una de las acusaciones particulares.
Según las investigaciones de la Guardia Civil, Elite Project compartía sede social con otras dos sociedades presuntamente vinculados al entramado: We Are Party S.L. y Héroes Sport S.L. Las tres empresas tenían su sede en la calle Oratori de Portals, un domicilio que fue registrado por una comisión judicial.
Transferencias a los tiqueteros
La Guardia Civil rastreó las cuentas de Elite Project y acusó a esa sociedad de ser la que, supuestamente, pagaba a los tiqueteros encargados de captar en la calle a turistas británicos dispuestos a fingir una falsa intoxicación durante sus vacaciones en la isla, para estafar a su hotel y su touroperador.
Los investigadores detectaron que la empresa ahora imputada hizo periódicas transferencias a varios de los hombres y mujeres británicos que, presuntamente, se desplazaban a zonas turísticas para atraer a clientes, a los que engatusaban prometiéndoles vacaciones gratis y una suculenta indemnización que fijaban los tribunales británicos, muy laxos a la hora de enjuiciar reclamaciones de consumo.
Los tiqueteros percibían sumas importantes por sus captaciones, dado que dos de ellos recibieron ingresos de 3.040 y 3.845 euros, respectivamente.
La empresa encausada recibió cinco ingresos sospechosos del bufete de abogados del Reino Unido HH Law Limited por una cuantía de 34.717 euros y entre octubre y diciembre de 2016.
Este despacho está especializado en reclamar jurídicamente indemnizaciones por intoxicaciones alimentarias.
Según Laura Cameron, la principal imputada, su actividad no era engañar a los hoteles, sino captar datos de turistas en bruto para vendérselos a compañías de marketing.
La empresaria rechaza los cargos que le imputa la Guardia Civil y sostiene que únicamente se dedicó a esas actividades de recopilación de datos unos meses.
La Guardia Civil informó cuando se desarrolló la operación que la presunta estafa superaba los 50 millones de euros en toda España.
Sin embargo, no se produjeron arrestos en otras provincias, ni tampoco se han investigado las presuntas conexiones de la red en Inglaterra.
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