Pedro Sánchez amenaza las leyes verdes de Balears. La guerra contra los plásticos de un solo uso, el veto al diésel veto al diéseldesde 2025 o la ley de Evaluación Ambiental, medidas estrella del Govern durante la pasada legislatura que han puesto a Balears en la vanguardia contra algunos de los principales retos climáticos son ahora cuestionadas por el Gobierno central, algo que no sería nuevo en las islas si no fuera por la coincidencia de gobiernos liderados por el PSOE en el archipiélago como en Madrid.

En apenas un mes, el Ejecutivo central ha maniobrado en contra de hasta tres leyes de las que los partidos que ahora reeditan el Pacto presumían durante la campaña. Comisiones bilaterales previas al recurso al Constitucional o ya la admisión a trámite en el alto tribunal en el caso de la ley de Evaluación Ambiental, dejan en el aire la supervivencia de las normas ecologistas del Govern.

El último golpe de Madrid a las leyes verdes de las islas ha sido con la creación de la comisión bilateral entre Gobierno y Govern para resolver las discrepancias -un trámite que puede desembocar en un recurso al Constitucional- en torno a la ley balear de Cambio Climático. El Gobierno central cuestiona hasta cuatro artículos y una disposición adicional. Entre el texto que se pone en tela de juicio queda, precisamente, la medida más famosa de la norma: la prohibición de nuevos coches diésel en la isla a partir de 2025. Una medida que también está pendiente de la Comisión Europea, tras el recurso de la patronal de fabricantes de automóviles.

Previamente, el Gobierno central ya había advertido también de la posible inconstitucionalidad de dos artículos de la otra ley estrella: la ley de Residuos, que planea acabar con los plásticos de un solo uso desde 2021. En este caso, concretamente se cuestiona el pago por generación de residuos y el artículo más importante, el que regula los plásticos de un solo uso.

Sólo dos días después de las elecciones generales que dieron la victoria al PSOE el pasado 28 de baril, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió enviar al Constitucional la ley de Evaluación Ambiental, por considerar que invade competencias del Estado por exigir al Gobierno informes ambientales para proyectos de puertos, aeropuertos, grandes obras o grandes instalaciones eléctricas.

Con estas decisiones, que han causado malestar en los impulsores de las diferentes leyes, el Gobierno Sánchez da un revés al Govern balear. Un hecho sorprendente cuando la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sido una entusiasta y firmes defensora de las leyes baleares. Ribera arropó incluso a los socialistas de las islas en su Consell Polític en una jornada que protagonizó el tema de la sostenibilidad y en la que se destacó estas diferentes leyes de la legislatura.

Mientras que en el caso de la ley de Evaluación Ambiental ya queda en manos del Constitucional, las reuniones bilaterales entre Gobierno y Govern serán clave para las dos leyes ecologistas estrellas de Residuos y contra el Cambio Climático.