La defensa del juez Miguel Florit, investigado por la incautación y el rastreo de móviles de periodistas que cubrían la macrocausa de corrupción policial en el marco del caso Cursach ha presentado un recurso de reforma en el que pide el sobreseimiento del procedimiento, pues considera que la orden de Florit no solo fue legítima sino que es la “primera acción judicial” contra las “filtraciones”.

En el escrito, el abogado defensor del juez instructor considera que las “filtraciones” en el caso Cursach habían sido objeto de denuncia desde hace años por diferentes partes, generalmente las defensas, “sin que nunca se iniciase una investigación” en el Juzgado de instrucción número 12 o “al menos se dedujese testimonio para que otro juzgado las investigase”.

Asimismo, considera que “la investigación era inexcusable” y la “necesidad de la medida”, localizar a quién facilitaba los documentos a los periodistas, “incontestable”; “salvo que lo que se pretendiese era que las filtraciones siguiesen”.

En este sentido, la defensa de Florit, ejercida por José Zaforteza, señala que “los periodistas publicaban no informaciones periodísticas obtenidas de un trabajo de investigación sino documentos filtrados en esas diligencias por quien estaba cometiendo un delito”.