La fiscalía anticorrupción de Madrid, a la que se asignó la causa abierta por revelación de secretos en una pieza separada del caso Cursach que salpicaba a los exjuez y exfiscal de dicha causa, Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán, apoya que el Tribunal de Justicia de Baleares (TSJB) investigue a ambos tan solo por tres delitos: revelación de secretos, obstrucción a la Justicia y prevaricación. La Policía Judicial que investiga esta pieza separada atribuye a Penalva y Subirá, diez delitos: revelación de secretos, amenazas, coacciones, denuncia falsa, inducción al falso testimonio, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, alteración de pruebas, detención ilegal y liderar un grupo criminal integrado por los agentes del Grupo de Blanqueo.
Justificar tres autos de prisión
Tal y como adelantó ayer la Cadena Ser, y según el fiscal, Penalva y Subirán habrían acordado en el grupo de WhatsApp ‘Operación Sancus’ en el que participaban, junto con los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales, los pasos a seguir para justificar de forma “deliberada e injustificada” la prisión provisional para tres de los detenidos por corrupción en el instituto de deportes de Palma.
De acuerdo a las conversaciones que reproduce el escrito de anticorrupción, un policía escribe “y Serna (un detenido en el caso IME) pal talego si puede ser”. A lo que el juez Penalva contesta “pues piensa en qué pruebas podemos ir a buscar”. Subirán concluye con un “estoy con vosotros”.
Anticorrupción sostiene que “de acuerdo con los indicios obrantes en la causa, la práctica de distintas diligencias se habría acordado y realizado con la finalidad de justificar el acuerdo de prisión (el auto) y su mantenimiento para no avanzar en el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación” y por eso pide al TSJB que asuma la investigación.
La Policía imputa a Penalva y Subirán, que están apartados del caso Cursach y de baja médica, diez delitos. Sin embargo, desde la fiscalía de Madrid se reducen los hipotéticos cargos a tres: prevaricación, revelación de secretos y obstrucción a la justicia y deslealtad profesional.
Lo que los inspectores de la Policía Judicial valoran en un informe como tres delitos de detención ilegal (de tres imputados en el caso IME), la fiscalía lo limita a una supuesta prevaricación.
El escrito de la fiscalía mantiene también que Penalva y Subirán habrían suministrado información secreta o reservada del caso Cursach a varios medios de comunicación.
Solo un fiscal
Bartolomé Cursach, su exnúmero dos Bartolomé Sbert y la asociación Java, integrada por policías locales sospechosos de corrupción, ya habían apoyado que el TSJB investigara a Penalva y Subirán por los diez delitos. El escrito de anticorrupción está firmado solo por Tomás Herranz, mientras que la segunda fiscal del caso Cursach, Concepción Sabadell, no aparece.
Penalva y Subirán rechazan todas las acusaciones y disponen de argumentos en su descargo que plantearán si se les llega a citar como imputados ante el TSJB.
La pieza separada está huérfana de juez porque el que la instruía, Miquel Florit, ha sido recusado y dos de sus sustitutos naturales han pedido abstenerse de esta causa.
