El New York Times señalaba el 23 de mayo que el periodismo consiste en "animar a las fuentes a proporcionar información secreta con valor noticiable, en obtener sin permiso del Gobierno la información que las autoridades desean secreta, incluidos los asuntos clasificados de seguridad nacional, en publicarla y tomar medidas para proteger la confidencialidad de las fuentes".
En un editorial publicado ese mismo día, el periódico neoyorquino remachaba que "los periodistas reciben y publican constantemente material secreto de fuentes gubernamentales". Gracias a ello, "la sociedad se beneficia al aprender lo que sucede tras las puertas cerradas, incluso aunque las fuentes puedan haber actuado ilegalmente. La Primera Enmienda se dictó para proteger esta capacidad de los editores de suministrar la verdad al público".
La indolencia judicial ante una acción a instancias de Cursach, el entusiasmo incomprensible de un fiscal antaño Anticorrupción (¿cómo borrar de un plumazo centenares de artículos loando a Juan Carrau?), y las cloacas policiales resultaron en la violación sistemática de los principios citados. Para investigar, según resalta el auto de la instructora del Tribunal Superior, a periodistas sin implicación en los delitos investigados.
La magistrada Felisa Vidal anula con eficacia la desproporción de las autoridades que quieren intocable a Cursach. También silencia con maestría a quienes atacamos su incorporación al Superior. Con dos citas memorables para la historia de la libertad de expresión. "Entre la persecución del delito de revelación de secretos y el derecho a la ocultación de las fuentes, debe primar este último" y "la información tiene que calificarse como un bien colectivo que beneficia a la sociedad". Amén.
