El fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, insistió ayer en la oportunidad de su instrucción a la Policía para desalojar a ocupas de inmuebles en determinadas situacionesdesalojar a ocupas de inmuebles en determinadas situaciones, sin orden judicial y cuando se presuma la existencia de un delito de usurpación, pero algunos juristas consultados, que alabaron la orden, dudaron de su alcance práctico. Por otro lado, los desahucios exprés civiles de casas ocupadas en Balears se han disparado en los tres primeros meses de 2019, con 34 casos, frente a los 20 del año pasado
Barceló afirmó, tras una jura de nuevas fiscales en el TSJB, que en casos de ocupación ilegal, los Cuerpos de Seguridad, "si es necesario el uso de la fuerza, pero siempre que sea proporcional y que sea la mínima indispensable, por supuesto" que pueden ejercerla. El fiscal justificó la instrucción por el hecho de que las ocupaciones ilegales son "un problema que venía siendo frecuente y lo planteaba tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional y había muchas dudas de actuación, lo que se ha pretendido es aclarar estas dudas". Si bien no habían solicitado explícitamente una instrucción de la fiscalía, "sí había consultas sobre cómo actuar en estos casos, preguntas relacionadas con el tema con bastante frecuencia" y cierta confusión.
"El problema se ha ido agravando y ha llegado un momento en el que, a pesar de que la Ley sigue siendo la misma, había que dar esta interpretación de las normas para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad atendieran lo acordado en la instrucción (pionera en España)".
El penalista y profesor de Derecho Penal de la UIB Gabriel Garcías explicó, por su parte, que "la orden se basa en el artículo 245 del Código Penal que tipifica el delito de usurpación de inmueble y cuyo bien jurídico protegido es el disfrute inmediato de ese bien inmueble. Si hay una denuncia, la Policía puede sacar a los ocupas porque han cometido un delito, pero la generalidad del artículo plantea muchos problemas (legales) y los agentes, si no es con una orden judicial de por medio no se atreven al desalojo". "La orden de echarlos es discutible", apostilla.
Garcías coincide con el procurador Alejandro Silvestre, un especialista en la materia, en la gran casuística de la ocupación. Silvestre destaca "la complejidad de los casos de ocupación y de los desahucios en general, incluidos los derivados del impago de rentas de alquiler". "Algunos inquilinos normales no abren la puerta para recoger las notificaciones y no se localiza a la persona que se debe desahuciar, en el caso de los okupas la complejidad de los desahucios se acentúa y es muy difícil, si no imposible desalojar a nadie", señala Silvestre. Por su parte, la abogada Francisca Pol alaba la instrucción del fiscal superior, reconoce "que no va a ser la solución final" y pide una reforma legal.
Almudena Vallejo y Sofía Marchena, hija del juez del 'procés'
El fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, presidió ayer la jura de dos nuevas fiscales de las islas, Almudena Vallejo y que irá destinada a Menorca, y Sofía Marchena, hija del juez Manuel Marchena y que trabajará en Eivissa. Como padrinos actuaron Ladislao Roig (primero por la derecha), y Anabel Vargas (primera por la izquierda). La toma de posesión tuvo lugar en la sala del jurado del Tribunal Superior de Justicia.
