Las fechas en que se celebra el juicio de Son Espases resultan oportunas para entender que los okupas industriales, los manteros mafiosos, los ciclistas homicidas y los grafiteros porcinos no dañan a la ciudad con la fuerza de los urbanizadores piratas, de los locales con terrazas ilegales, de los inmobiliarios irresponsables y demás jerarcas de la corrupción con el beneplácito de los políticos.
Sin embargo, el menudeo del incivismo en una isla superpoblada obliga a poner coto a okupas desvinculados de cualquier idealismo. Ya no pretenden lanzar la señal de alarma sobre la precariedad del acceso a la vivienda. Al contrario, y al igual que los mafiosos del manteo, copian los peores modos capitalistas para extorsionar al propietario o para subarrendar las viviendas okupadas con tarifas de mercado inmobiliario.
El negocio infinito llamado Mallorca desata una espiral, donde las víctimas se desvanecen para convertirse en aprendices de empresarios. Sus códigos no son peores que los vigentes, pero la sociedad no puede basarse en la confusión normativa. La inesperada iniciativa de la fiscalía es un feliz reconocimiento del problema que suscita la falta de respeto a la propiedad privada. Con dos prevenciones.
La casa del mallorquín es su castillo, pero esta fortificación no se extiende automáticamente a los terrenos colindantes. Se debe tender a una isla de viviendas cerradas y espacios abiertos, empezando por los caminos y los muelles de clubes náuticos.
La segunda salvedad afecta a la buena fe en la aplicación del desahucio instantáneo. Los propietarios sin escrúpulos y sus asesores jurídicos, con menos vergüenza si cabe, pueden acudir a la aceleración de los trámites para desembarazarse de inquilinos acreditados y de pago.
