La Oficina Anticorrupción de Balears ha fichado a tres funcionarios que no cuentan con el nivel de catalán exigido para ocupar la plaza que se les ha otorgado. Para dichas plazas se requiere el nivel C1 y los nuevos funcionarios para vigilar a los políticos solo cuentan con el B1. Jaume Far, director de la Oficina Anticorrupción, quitó hierro al asunto. Admitió que ello era así, pero explicó que "un decreto de función pública permite que si se trata de funcionarios de otras administraciones se les da dos años para que acrediten el nivel exigido". Mediante este decreto quedan exonerados durante dos años de presentar el certificado de catalán que exige su plaza de alto funcionario.
Se trata del mismo caso de los médicos y los sanitarios, regulado en un decreto posterior y que también les da dos años para acreditar su conocimiento de catalán. El decreto del catalán en la sanidad pública, el 8/2018, levantó ampollas y una gran polémica con manifestaciones incluidas. Sin embargo, el decreto que exonera a los altos funcionarios procedentes de otras administraciones durante dos años de acreditar el catalán pasó casi desapercibido por el gran público. Se trata del decreto 11/2017 de Acceso a la Función Pública. Lo que ocurre es que este decreto también establece esta exoneración con carácter un tanto excepcional: "Por falta de profesionales capacitados lingüísticamente, y cuando la prestación del servicio pueda resultar afectada por la falta o insuficiencia de profesionales".
El caso es que la Oficina Anticorrupción ha fichado a seis funcionarios para perseguir los casos de actuaciones ilícitas en las administraciones y tres de ellos no cumplen con los requisitos mínimos de conocimiento de catalán que exige la convocatoria de la plaza del órgano.
Se trata de María Belén Méndez, funcionaria procedente de la Sindicatura de Comptes, que será la encargada del área de Investigación e Inspección de la Oficina Anticorrupción. Dicha plaza exige un nivel de catalán C1 para ser ocupada. Lo que ocurre es que se la han otorgado a Méndez, que ella misma en su currículum admite que solo tiene el B1. Lo mismo ocurre con Antoni Oliver, que ocupará el puesto de Inspector jefe del equipo de Prevención de casos de corrupción en la Oficina que dirige Jaume Far. Oliver, al igual que María Belén Méndez, también procede de la Sindicatura de Comptes y en su biografía también admite que únicamente cuenta con el nivel de catalán B1 y su plaza exige un C1. Ambos tendrán dos años para acreditar el nivel adecuado si quieren conservar su puesto en la Oficina Anticorrupción.
El último funcionario sin la acreditación de catalán adecuada es Miguel López Quevedo. El propio Jaume Far reconoció que no tenía ningún requisito de catalán, ya que proviene del ministerio de Trabajo y ha trabajado en la subdelegación del Gobierno en Salamanca. Quevedo ha obtenido la plaza de jefe del área de Asesoramiento, Representación y Defensa Jurídica, un puesto que también requiere el nivel C1 de catalán para ocuparla.
