En funciones, inmediatamente después de ganar las elecciones y cuando se empieza a especular sobre la nueva composición del gabinete, el Govern ha visto el momento oportuno para recurrir el fallo judicial que reconoce el derecho al cobro íntegro de la carrera profesional por parte del personal sanitario interino.
Las condiciones son las mismas de la semana pasada, con la importante salvedad de haber traspasado el domingo electoral. La repercusión económica del asunto obliga a dar largas, con la esperanza de que, en el tránsito entre legislaturas, se evapore el desgaste de tan impopular medida. Otra cosa es la indignación y la paciencia de los afectados.
El escaso margen de maniobra obliga a entrar en contradicción. El Govern dice estar a favor del pago igualitario de la carrera profesional para todo el personal sanitario, pero busca la negociación con los sindicatos para templar ánimos y recurre lo que el mismo Ejecutivo acepta, en busca de seguridad jurídica ante resoluciones dispares. En este caso pesa más, en términos de gestión, la necesidad de la seguridad política y la económica. Veintisiete millones de euros -este es el coste de lo concedido por los tribunales- no se transfieren de un sitio a otro con tanta facilidad. Ni pueden salir de la nada.
La carrera profesional en el ámbito sanitario seguirá siendo fuente de confrontación hasta que se aplique de forma regulada. Es la vía que debe contemplar el Govern. Conviene respetar los derechos reconocidos.
