El Gobierno ha cuestionado el incremento de masa salarial de los funcionarios de la Comunidad Autónoma y ha abierto una discrepancia para dirimir este incremento en la llamada carrera profesional que están incluidos en los presupuestos. Ahora el Govern ya ha anunciado que iniciarán negociaciones con el Estado para hacerles ver que este incremento salarial no se corresponde con una subida de sueldo, que está prohibida por la todavía vigente Ley Montoro.
La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, explicó ayer miércoles que el Govern "no cuestiona la carrera profesional y trabaja para que esta se mantenga y se siga pagando a los funcionarios". Cladera insistió también en que es un tema de conceptos económicos: "El Estado no está cuestionando la carrera profesional, sino el concepto de masa salarial, es decir, cómo suben todas las retribuciones que hay previstas en los presupuestos. Es un problema de concepto retributivo pero no de cuestionar la carrera profesional", aseveró la consellera de Hacienda y Función Pública.
Cladera realizó estas declaraciones después de que el Gobierno central avisase al Ejecutivo autonómico de que el pago de la carrera profesional, recogido en la Ley de Presupuestos de este año, presenta determinadas dudas legales. En concreto, plantea dudas sobre el pago de algunos pluses y complementos que perciben los funcionarios y que están incluidos en la Ley de Presupuestos de este año. Desde la conselleria de Hacienda y Función Pública explicaron que este mismo cuestionamiento ya se puso sobre la mesa en 2018 y se pudo demostrar que no se trataba de un incremento de sueldo a los empleados públicos. En todo caso se trata de un incentivo para cada uno de los funcionarios en relación con la labor que desempeñan en la administración pública.
Negociación abierta
Catalina Cladera aseguró ayer que ambos ejecutivos, autonómico y central, acordaron crear una comisión bilateral de negociación para resolver estos casos. A través de esta comisión se encuentran intentando resolver estos problemas. Es el mismo órgano donde se han planteado otras discrepancias en leyes aprobadas por el Parlament en la que desde el Estado han advertido que podría ser inconstitucional al invadir competencias o vulnerar leyes del Gobierno central. En caso de que no haya acuerdo es cuando Madrid decide si llevar la cuestión ante el Tribunal Constitucional.
